La Dirección de Obras Municipales (DOM) se convertirá en un competidor directo de los constructores privados de El Salvador. Esto, según el economista, Rafael Lemus, debido a que las reformas impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele procuran que dicha entidad tenga facilidades para ser ejecutor directo o hacerlo por medio de su paralela Sociedades Anónimas.
Ante esto, el economista advierte que estas enmiendas riñen con la transparencia dado que permitirán que cualquier obra se salte las respectivas auditorias y controles sobre el manejo de recursos del Estado.
Se trata de tres iniciativas que fueron recibidas en la sesión plenaria del pasado miércoles y pasaron a estudio de comisión. Entre estas propuestas se encuentra una reforma a la polémica Ley de Compras Públicas que tiene por objeto “permitir la participación de la DOM como oferente de las compras públicas cuando esta tenga participación accionaria en una Sociedad Anónima de Capital Variable”.
El documento de fecha 13 de marzo propone modificar el inciso tercero del artículo 25 de la Ley de Compras Públicas, para establecer que las restricciones previstas para las personas jurídicas establecidas en este artículo “no serán aplicables” en los casos en que el Estado sea el accionista o cuando la participación de los socios o accionistas particulares a que el mismo artículo se refiere “no exceda del cero punto cero cinco por ciento (0.05%)”.
Al respecto, el economista criticó que las implicaciones de que tal institución que fue creada para administrar los Fondos de Desarrollo Económico y Social (Fodes) pueda convertirse en una sociedad anónima es que “queda fuera del control del gasto público”.
En concreto, la propuesta planteada hará que se desnaturalice la figura de la DOM que comenzó centralizando todas las operaciones municipales y demandaba a los ejecutores privados que hicieran las obras. “Hoy se les estaría dando las facultades para ser el ejecutor directamente o por medio de sociedades que cree”, apuntó.
Es decir, con las modificaciones a la ley “ya no solamente podrá ejecutar los proyectos estratégicos, sino cualquier otra obra va poder pasar a la fase oscura en la que no hay control de fondos públicos”.
Más aún, el experto destacó que en adelante la Dirección va a dejar de ser una simple gestora de fondos públicos que contrata obras municipales para pasar a ser la que demanda y pueda construir sus propias obras o las que demande otra cartera de Estado.
En es sentido, el economista subrayó que la DOM “aquí ya es el competidor de los privados, con el agravante que el socio del manejo de fondos públicos va a ser a su vez la hermanita privada la que va estar ejecutando” las edificaciones.
En otras palabras, el Aeropuerto del Pacífico lo va a poder construir una sociedad anónima, le van a pasar los fondos públicos y “va a ser todo como una empresa privada”.
“No va a rendir cuentas, queda fuera del control de gasto ordinario de fondos públicos y es una burla a la gestión de fondos con rendición de cuentas y transparencia”.
Rafael Lemus, economista
De igual manera opinó la economista Tatiana Marroquín, quien manifestó a este medio que en términos generales las peticiones de reforma “parecen tener la intención de ampliar espacios de compras y contratos a través de la DOM”. No obstante, ella recordó que ya tiene una ley de compras muy flexible y con grandes carencias en cuanto a procesos de compra transparentes, con contraloría y que garanticen el beneficio de lo público.
A juicio de Marroquín, antes de aprobar estas enmiendas, el Ejecutivo debería explicar con claridad cuál es la finalidad especifica de estas.
“Se entiende como si están creando un marco especial para que la DOM se involucre con empresas privadas y aumentando los espacios de arbitrariedad en compras a través de FOPROMID. Este último ya ni debería estar en funcionamiento, pues es un fondo para atención de emergencias como desastres naturales”, concluyó la experta.
Cuatro facultades que el Ejecutivo da a la DOM
1. Convertirse en constructor directo o por medio de su paralela Sociedad Anónima y competidor de socios de la Cámara Salvadoreña de la Industria de Construcción (CASALCO).
2. Crear Sociedad Anónima S.A. (similar a La Geo) para quedar afuera del control de gasto público.
3. Podrá licitar con ventaja.
4. Ser emisor de deuda. El Ejecutivo pide que se le permita a dicha entidad “obtener préstamos, emitir y colocar bonos en el mercado interno y externo, titularizar activos y otras obligaciones ya sea de forma directa o a través de las sociedades mercantiles”.