Evelyn Sandoval se encuentra entre la zozobra y el temor de que su padre haya fallecido bajo custodia del Estado. Su angustia se fundamenta en el hecho que el señor, de 66 años, estaba enfermo cuando lo capturaron bajo el régimen de excepción, que acumula más de 64,000 detenidos en casi un año de vigencia.
Evelyn desconoce cómo va el proceso judicial contra su padre porque ninguna institución le ha informado al respecto.
La mañana del jueves, Evelyn y una decena de personas acompañadas de representantes del Socorro Jurídico Humanitario fueron hasta la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) para denunciar violaciones de derechos humanos contra sus familiares capturados.
“Vengo a pedir justicia por cinco familiares que están detenidos injustamente. Si fueran delincuentes yo no anduviera aquí poniendo la cara”, dijo Evelyn. La mujer explicó que su padre está detenido desde el 23 de mayo y que no tenía ningún vínculo con pandillas.
La mujer relató que su padre laboraba en una finca y era el encargado del grupo de trabajadores. “Él es un hombre trabajador, estaba enfermo. Cuando la policía lo detuvo, él se desmayó y perdió el conocimiento. Los mismos policías lo llevaron a la unidad de Salud de Tacuba y él no pudo dar ni su nombre”, aseguró Evelyn, quien fue acompañada por representantes del Socorro Jurídico Humanitario.
“Además, de denunciar las graves afectaciones a la salud de personas inocentes capturadas durante el régimen de excepción, también venimos a emplazar a la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos por el caso del adulto mayor y agricultor José Alfonso Sandoval García, capturado hace nueve meses”, expresó Ingrid Escobar, representante del Socorro. Agregó que el adulto mayor fue capturado por los policías de Tacuba, solo para cumplir con una cuota de capturas ordenada por los jefes policiales.
Padre sin saber de su hijo
Humberto Mata es otro de los padres de familia que llegó hasta la PDDH por qué alega que su hijo Óscar Jonatan Mata Henríquez no tiene ningún vínculo con pandillas.
“El trabaja en el campo y salió a comprar sus tortillitas, en la calle tenían a unos muchachos detenidos y cuando pasó lo agarraron y lo subieron al carro sin pedirle ni sus documentos”, explicó. Óscar fue detenido hace nueve meses en el cantón Miravalle, en el municipio de Sonsonate.
Humberto apenas sabe que le han hecho una audiencia a su hijo, pero desconoce totalmente del proceso judicial, porque ninguna institución le ha informado sobre el caso judicial en contra de su hijo.
“Ya no nos dieron razón de él. Lo único que sé es que está en Mariona, porque cuando he logrado juntar unos centavitos le he llevado unas poquitas cosas”, expresó Humberto.
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El padre del joven capturado explicó que la situación económica de la familia es difícil porque él labora en tareas agrícolas ajenas donde solo gana seis dólares al día. El campesino que salió desde la madrugada de Sonsonate hacia la PDDH dijo que él no se opone que se aplique la ley que ha cometido delitos.
“Yo entiendo que el gobierno puso esas leyes para la gente que anda haciendo cosas malas, no para la gente pobre y que no tiene nada que ver con esas cosas. Por eso yo le pido a las autoridades que se pongan la mano en el corazón y que saquen a la gente inocente”, pidió el padre del capturado.
Óscar es padre de un niño de cinco años y quien dependía directamente de él económicamente, debido a que la madre del niño no tiene trabajo y en la zona rural es difícil conseguir uno. “Nos ha ido duro porque con la pobreza que pasamos, no alcanzamos porque tenemos que mantener al muchachito y ver cómo le ayudamos a mi nuera”, explicó.
Stanley Quinteros, representante del Socorro Jurídico Humanitario, denunció que con el régimen de excepción se está criminalizando la pobreza. “Aquí tenemos jornaleros, albañiles, agricultores, amas de casa, campesinos, gente humilde, parece que se está criminalizando la pobreza”, afirmó.
Humberto muestra con una constancia que su hijo no tenía antecedentes penales y asegura que no tenía vínculos con ningún grupo delincuencial.