La captura de un integrante de un grupo de exterminio, robo y sicariato en el que participaban miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada permitió a las autoridades esclarecer decenas de homicidios, robos y extorsiones cometidos entre el 2018 y el 2021 en varios municipios de la zona sur del departamento de San Miguel y Usulután.
De acuerdo con un testigo criteriado, el grupo se autodenominaba “Paz o Muerte” y estaba conformado por 35 personas entre quienes realizaban las operaciones, y colaboradores que les proveían información sobre objetivos, movimientos policiales ayuda para guardar las armas y uniformes y demás pertrechos policiales y militares que utilizaban.
El testigo ha revelado el accionar de esa agrupación ilícita desde el 2018, cuando él pasó a formar parte del mismo, participando en asesinatos de supuestos miembros de pandillas y colaboradores de esos grupos en los municipios de El Tránsito y San Rafael Oriente, del departamento de San Miguel, y Usulután, Concepción Batres, Ereguayquín, Jiquilisco y Santa Elena, del departamento de Usulután.
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De acuerdo con fuentes policiales y fiscales, esa agrupación criminal habría asesinado aproximadamente a 71 personas, la mitad de esa cantidad entre los años 2018 y 2021.
Pero el objetivo de exterminar pandilleros, en muchas ocasiones se convirtió en tan solo una excusa para ejecutar a enemigos de algunos miembros del grupo criminal, o en excusa para introducirse a robar a algunas viviendas en sectores rurales.
Y para aterrorizar a la gente, mataban a un miembro de la familia a quien algún miembro de la agrupación señalaba de pertenecer o colaborar con pandillas.
Eso fue lo que sucedió con los casos de Jared Baltsasar Argüello García, un ingeniero electricista, y con Pedro Antonio Portillo Campos, un maestro de una zona rural de San Miguel. En ambos casos, los delincuentes robaron armas, teléfonos celulares de alta gama, joyas de oro y otras prendas de valor que luego vendían y se repartían entre los delincuentes. Además de destinar una parte para comprar municiones y rentar los autos en que llegaban a las casas de las víctimas.
Los cabecillas de esa agrupación criminal eran policías. El jefe de la banda es identificado como Wílber Jhon Basurto Cruz, asignado a la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), también conocida como Jaguares.
El segundo al mando, por un tiempo, fue el también policía Agustín de Jesús Rivas López contra quien está programada la audiencia de vista pública (juicio) para el 21 de febrero próximo.
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Según las investigaciones, en el grupo hay más policías, uno de ellos estuvo destacado en el puesto de El Espino, otro en Concepción Batres y otro de la Sección Táctica Operativa (STO), así como un soldado de alta en la Sexta Brigada de Infantería, con sede en Usulután.
Todos los policías involucrados abandonaron la corporación policial y huyeron del país cuando supieron que eran investigados.
Contra varios policías, un juzgado ha solicitado a la Interpol que proceda a su captura pero hasta el momento ninguno ha sido arrestado.