Se cumplen hoy tres años de la toma de la Asamblea Legislativa por decenas de militares y policías encabezados por Bukele, acto de fuerza del régimen para obligar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares, el preámbulo del sistema imposiciones, abusos e impunidad que ahora vivimos.
El acto rompió, por vez primera, la separación de poderes, iniciando la escalada de actos de fuerza que han caracterizado al régimen, hasta culminar con el control de la Legislatura a partir del 1 de mayo de 2021, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal para suplantarlos a dedo… poco a poco, de un régimen de leyes el país pasó a uno de imposiciones arbitrarias. Al respecto, vamos a reproducir lo que un abogado nos dice:
“El régimen está destruyendo desde dentro el marco jurídico de nuestro país, rompiendo cada pieza no una, sino muchas veces, en distintos lugares, para que la tarea de restituirlo se vuelva casi imposible.
“Tómese como ejemplo lo que yo llamo la tríada —la nueva Ley de Compras del Gobierno, la que da vida a la DINAC y la Ley de Activos Digitales— que para entender su verdadero alcance es necesario verla en su conjunto. Es sólo cuando se miran así estas leyes que se logra comprender el alcance destructivo de cada una de ellas, alcance que se perfecciona al seguir las vinculaciones que cada una tiene con las otras. Es sólo así como uno entiende que no son leyes independientes sino matrices de artículos y disposiciones que al unirse develan una cantidad enorme de posibles acciones que los ejecutores de la ley pueden tomar para violar los principios de legalidad y para apropiarse de funciones que no están estipuladas en la Constitución vigente. Así, en esta tríada, por ejemplo, sin que ninguna de sus leyes sea sobre la Fiscalía General de la República, en su conjunto se devalúa el mandato constitucional del Fiscal General de la República. Sin que ninguna sea una ley sobre la administración de las finanzas del Estado, en ellas se legisla una violación a una disposición constitucional que es fundamental en las doctrinas de la democracia liberal: la creación de la posibilidad de que el presidente de la República pueda adquirir deudas y compromisos financieros de corto y largo plazo sin necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, y sin siquiera informarle.
La institucionalidad democrática ha sido destrozada por el régimen
“Las vinculaciones entre estas leyes, lejos de proteger de la corrupción y del crimen a la colectividad, crean un espacio ideal para que éstos florezcan, facilitando los sobornos, el lavado de dinero, la compra secreta de voluntades y asegurándose de que los funcionarios electos queden libres de cualquier responsabilidad penal y sean sus subalternos quienes respondan, en un sistema en el que los crímenes van a multiplicarse. Este mecanismo permitirá, además, el financimiento de financistas no identificados y no identificables.
“Además de estas agresiones contra la legalidad están otras leyes que se han aprobado recientemente, como la de Pensiones, que asegura que los políticos del gobierno usen para sus propósitos los ahorros de la población, y la mal llamada Ley de Bomberos, que está llevando a la quiebra a la industria de los seguros, poniendo en peligro la integridad financiera de tanto el sector público como privado, y, a través de ellas, la integridad de la economía nacional.
“Mis comentarios tienen como propósito mostrar a la población las acciones que el gobierno está tomando para destrozar el orden jurídico del país propician el saqueo de las arcas nacionales y la perpetuación de los saqueadores en el control del poder…”.