El Salvador está a menos de un año de sus próximas elecciones presidenciales y legislativas, mismas que definirán no solo a quien gobernará y legislará por los siguientes años, sino la diferencia entre la consolidación de un modelo unipersonal o el retorno a una senda democrática y de separación de los poderes.
A diferencia de comicios anteriores, El Salvador se aproxima a 2024 con una democracia diezmada y con instituciones de control del poder que han sido pervertidas y convertidas en satélites de una presidencia que expande sus límites de manera acelerada.
Ante este panorama, parece mantenerse el aspecto más básico y fundamental de un modelo democrático: los comicios. Sin embargo, al realizar un análisis más profundo, El Salvador está transitando la peligrosa cornisa de ser un Estado a las puertas de una senda autoritaria.
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Además de la centralización de los poderes, hay un esfuerzo sistemático por silenciar a las voces críticas del poder, por presionar a la oposición y por amedrentar el ejercicio periodístico y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que buscan procurar la rendición de cuentas y la transparencia.
Y también hay esfuerzos sistemáticos por sacar del ojo público mucha de la información que produce el mismo Estado. Por medio de reservas de información, que además no responden a lo dispuesto por la ley, los salvadoreños ya no pueden saber cómo se usan los recursos que todos aportan.
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Y si bien el oficialismo cuenta con grandes niveles de popularidad, apuntalado principalmente por sus victorias en materia de reducción de criminalidad, el aparato autoritario que se está montando puede servir precisamente para contener el descontento si en algún momento la popularidad cae. Y, como en otros modelos autoritarios, la respuesta a las movilizaciones no adelanta ser un ejercicio de rectificación sino la represión.
Hechos puntuales
El Diario de Hoy conversó con tres juristas y expertos en derechos humanos y transparencia. Gabriela Santos, de Idhuca; Ruth López, de Cristosal; y el experto en transparencia Wilson Sandoval señalaron una serie de hechos puntuales que han debilitado profundamente la institucionalidad democrática y acercan al país a la triste lista de autocracias.
Entre ellos, resaltan:
Toma militar de la Asamblea Legislativa (9F)
Uno de los hechos más visibles y escandalosos fue el asalto al Palacio Legislativo. Nayib Bukele admitió que lo hizo para presionar a la oposición y reveló así su forma de entender la política: que se avanza por medio de la intimidación y no la negociación. Además mostró que está dispuesto a instrumentalizar a los cuerpos de seguridad para sus fines políticos.
VER DOCUMENTAL 9F: EL RETORNO DE LOS FUSILES
Golpe a la Corte Suprema y la Fiscalía General
En su primer día de trabajo, los diputados oficialistas propinaron un duro golpe a la institucionalidad al remover de forma ilegal y forzosa a magistrados de la Sala de lo Constitucional y a un fiscal general que investigaba presunta corrupción. Esto abrió la senda para una consolidación del poder en torno a una sola persona.
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Bloqueo de información
Uno de los principales atentados a la democracia es el abuso de reservas de información para sacar del alcance público la información sobre cómo usa el Estado los fondos que todos aportan. Además de esto, hay acoso y amenazas a quienes luchan por la rendición de cuentas y a quienes exponen indicios o casos de corrupción.
Expulsión de jueces
Otro gran golpe a la democracia es el Decreto que envió al retiro a cientos de jueces y fiscales, dejando vacantes que han sido llenadas por personas afines al oficialismo. Esto le permite al gobierno una justicia suave con los propios y amenaza a los críticos con un aparato severo y sin garantías.
La destitución de jueces y fiscales fue un segundo golpe al poder judicial
Régimen de excepción
El nuevo plan de seguridad del gobierno, que se basa en suspensión de garantías constitucionales, ha logrado reducir la violencia pero a un costo alto: la normalización de la pérdida de garantías judiciales, procedimientos expeditos para lograr condenas, arrestos arbitrarios y, peor aún, torturas y hasta la muerte de decenas de personas bajo custodia.
La reelección
Al haber avalado la reelección, los abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional dieron el golpe más fuerte a una de las cláusulas más importantes de la ley máxima: la alternabilidad. Ese día abrieron la puerta a la consolidación de una autocracia y a que se ciña una sombra sobre toda la confianza en el proceso electoral de 2024.