La directora del Indhuca, Gabriela Santos, advierte que la concentración de poder es diametralmente opuesta al respeto a los derechos humanos y no hay forma de evitar que, ante el declive democrático, la ciudadanía esté desprotegida ante abusos.
Esto, porque las instituciones que generalmente protegen a los ciudadanos de los abusos, como la Fiscalía o la Sala de lo Constitucional, están ahora respondiendo a los lineamientos del Ejecutivo.
Santos reconoce que el Estado de derecho puede sonar etéreo y abstracto para muchos ciudadanos, pero la presencia o ausencia de este marca la diferencia entre que se respete las garantías básicas de cada persona o que estas sean vulnerables a los caprichos de poder.
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“Para que los derechos humanos sean respetados, promovidos, garantizados, debe haber un uso restringido del poder, apegado a la normativa, apegado a lo que conocemos como el Estado de derecho”, explica.
Caso contrario, agrega, hay evidencia histórica de los problemas que recaen en los ciudadanos cuando el poder es ilimitado. “Cuando el poder estaba concentrado en una sola mano se daban barbaridades que de alguna manera con este sistema democrático se intenta paliar, es decir, poder de alguna manera contener esos deseos de concentrar el poder y de violentar derechos humanos”, advierte.
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“No estábamos bien”
Santos reconoce que el país tenía, antes de esta administración, muchas falencias, pero advierte que ha habido grandes retrocesos en materia de garantías ciudadanas.
Un caso concreto, dice, es lo sucedido en el régimen de excepción, que el gobierno busca plantear como componente necesario para detener a las pandillas. Más allá de la reducción de cifras de violencia, la directora del Idhuca busca resaltar que ha habido más de 3,000 personas que fueron liberadas después de varios días o meses “en condiciones en las que no merecían estar”, pues eran inocentes.
Para ella, no es aceptable que se venda la narrativa de que la única forma de reducir la violencia es irrespetar los derechos de los ciudadanos.
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Santos concluye que “no podemos alegrarnos por esta situación de concentración del poder, de falta de garantías, porque quién nos cuida cuando no se respeta la norma, qué me va a garantizar que mañana yo no voy a ser la persona detenida”.
Y, si eso llega a pasar, añade: “¿Cómo voy a apelar yo a un juez o una jueza que resuelva conforme a derecho, si va está respondiendo a los órdenes del Ejecutivo?, ¿cómo yo voy a pedir un amparo o un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, si va a responder a las órdenes del Ejecutivo?”