La operación de recompra de deuda que anunció el año pasado el gobierno, y el posterior pago -a tiempo- del Bono 2023, que venció el mes pasado, parecen no haber tenido ningún efecto en la imagen que tiene el país en los mercados internacionales, según la reciente reafirmación de la nota crediticia del país que publicó la calificadora Fitch Ratings.
En su actualización, la agencia reiteró que la calificación del país se mantiene en CC, en la categoría de riesgo sustancial de impago, o como se le conoce en el sector, en la categoría de “bonos basura”,una rango al que cayó desde hace más de un año luego de distintas decisiones del gobierno, como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional o la implementación del Bitcoin.
Durante todo el 2022, el pago del Bono de 2023, equivalente a $800 millones, era lo que más preocupaba debido a la falta de liquidez del gobierno. A la fecha, sin embargo, son otros factores los que mantienen vigente el temor pese a haber el evitado el impago.
Lee también: El Salvador mantiene calificación negativa, a pesar de pagar bonos a tiempo
Según el economista Rafael Lemus, “Fitch mantiene esta nota porque seguimos mal en términos de liquidez y por la falta de acceso a los mercados de financiamiento externo”, y añade que “pagar el bono fue bueno pero es solo un pago en un país que tiene casi $25,000 millones en deuda”.
Asimismo, el también economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señala que es coherente que Fitch mantenga la nota, pues incluso desde antes del evento de pago del bono ya había advertido sobre la “crítica situación” de las finanzas del país.
$800 MILLONES
Era el valor del Bono 2023 que venció en enero, pero tras una operación de recompra anticipada el gobierno pagó unos $604 millones.
En este sentido, y debido a que las puertas para que el país pueda salir a encontrar financiamiento internacional se encuentran prácticamente cerradas, es donde entra en juego uno de los principales factores que hacen que los temores de un impago se mantengan: la reforma al sistema de pensiones que entró en vigencia a finales de 2022.
Según Fitch, es el sustituir los anteriores Certificados de Inversión Previsional (CIP) por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), algo estipulado en la nueva ley, lo que podría equivaler a un incumplimiento de pago de la deuda, pues los CIP eran los títulos valores con los que el gobierno tomó dinero prestado de los ahorros de los trabajadores, y con la reforma, será el mismo gobierno quien definirá los plazos y tasas en los que pagará esa deuda.
Hasta la fecha, ni el gobierno ni el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) han informado cuáles serán los términos y condiciones de esos títulos. Una ampliación en el plazo para el pago es algo que puede considerarse como impago automáticamente.
También: Calificación crediticia de El Salvador es la peor en Centroamérica
En este punto, economista y consultor Luis Membreño apunta que en 2022 se vencía el período de gracia de cinco años en el que el gobierno no realizó abonos de capital por esa deuda que tiene con el sistema previsional, por lo que tampoco se sabe si, tras la reforma, ese período se ampliará para que los pagos se comiencen a hacer hasta después. Si se amplía, según Fitch, también se presentará un evento de impago.
Por ello, Membreño subraya que “es más probable que el país caiga en impago de la deuda interna”.
No solo son los certificados
Los CIP y los CFT no es lo único que mina la confianza que tienen los mercados, pues la propia reforma en sí, que incluye un aumento a la pensión mínima, es algo que agrega más presión a las finanzas del país, sobre todo porque distintos sectores ya han señalado que es algo sostenible.
$2.142 MILLONES
Es lo que la agencia financiera EMFI, de Inglaterra, calcula que el país necesitará solo en financiamiento de deuda en 2022, incluyendo el pago del bono ya efectuado.
El comunicado de Fitch apunta que ese aumento en los beneficios puede aumentar aún más la deuda previsional, a pesar de que la reforma incluye una mayor contribución de parte de los empleadores.
Lo anterior porque las cuentas individuales de la mayoría de jubilados, según explicó la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, no son capaces de absorber ese aumento por mucho tiempo, por lo que el mismo se cubrirá con la Cuenta de Garantía Solidaria, financiada con los fondos de los actuales cotizantes, y la cual tendría que ser alimentada con fondos del gobierno en unos cuatro o cinco años, lo que significaría una nueva necesidad financiera para el país y compromete la viabilidad del sistema.
Algo que cabe señalar es que esas necesidades de financiamiento no son solo un problema a futuro, pues a la fecha el país ya se enfrenta a fuertes compromisos de deuda para este año, además del bono que ya pagó, algo que en total, según la agencia inglesa Emerging Finance (EMFI), podría ascender a unos $2,142 millones solo durante 2022.
Sin embargo, esa necesidad de crédito soberano también añade más riesgo de default, según la calificadora, y reitera que “las tasas implícitas en el mercado externo siguen siendo prohibitivamente altas, lo que hace que el gobierno dependa de la deuda interna a corto plazo”, es decir, la colocación de los Certificados y Letras del Tesoro (CETES, LETES), un recurso cada vez más utilizado y que ha incrementado fuertemente la deuda pública en los últimos dos años. Según Fitch la deuda total asciende a un 78% del PIB nacional.
78% DEL PIB
Es lo que, según Fitch, ocupaba la deuda pública total con respecto al PIB a finales del año pasado.
