El gobierno de Nayib Bukele actúa equivocadamente al creer que “un profundo problema” de violencia generalizada puede esconderse encerrándolo en una prisión, aún cuando va en contra de reglas internacionales como las Mandela de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así lo consideran expertos en derechos humanos al analizar el anuncio de la finalización de la nueva megacárcel en Tecoluca, San Vicente, denominada como “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT).
De hecho, los especialistas advierten que estas medidas “manoduristas” no acaban con el problema, sino que lo contienen e incrementan el fuego a una caldera “que se está llegando al límite”.
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El martes, Bukele transmitió un video en cadena nacional en el cual se veía realizando un recorrido por la nueva penitenciaría bajo la guía del director de Centros Penales, Osiris Luna, quien fue incluido en la lista Engel de Estados Unidos por “haber incurrido en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato”.
Además, el mandatario salvadoreño fue acompañado por el ministro de Defensa, René Merino Monroy; el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas; y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez quien destacó que “esta sería la cárcel más grande Centroamérica” en referencia al recinto de 33 manzanas y que, según el gobierno, servirá para mantener tras las rejas a 40,000 de los más de 62,000 detenidos bajo el estado de excepción vigente desde marzo del 2022 y que el gobierno vincula con maras.
La capacidad de procesamiento para desechos sólidos de esta prisión es para 20,000 personas, según fuentes técnicas que han conocido el proyecto.
40,000 detenidos
Es la capacidad de albergue que tiene el nuevo centro penal, según lo manifestado por el presidente Bukele.
Al igual de que Rodríguez, Osiris Luna exaltó tal proyecto que consideró que sería una cárcel de “primer mundo”. Sin embargo, los expertos sostienen que dicho megapenal infringe tratados internacionales y evidencia el desinterés del gobierno en temas de educación y salud.
Organismos internacionales como Human Rights Watch señalan que este tipo de obras violan las reglas (Nelson) Mandela de las Naciones Unidas, que establecen que una cárcel no debe tener espacio para más de 500 reclusos.
“Es un proyecto que claramente contradice estándares internacionales de condiciones para los detenidos”, expresó Juan Pappier, director asociado para las Américas de Human Right Watch, durante la presentación del informe el año pasado.
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El especialista en derechos humanos expuso en ese entonces que estas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos sobre el trato que se debe garantizar para las personas que están privadas de libertad, señalan claramente que el tamaño de las cárceles no debe ser tal que impida el trato individual y específico, para cada uno de los detenidos.
“Populismo punitivo”
La experta en derechos humanos, Celia Medrano, sostuvo que el gobierno de Bukele sigue apostándole “al populismo punitivo”. Esto en referencia al uso de practicas “manoduristas” o el endurecer las leyes vendiendo a la población de que el gobierno castiga con dureza el crimen. No obstante, Medrano enfatizó que “esto tiene alto recaudo electoral a corto plazo, pero también los resultados que ofrece son a corto plazo, con el costo de que a largo tiempo el problema no sea solucionado, sino, por el contrario, se agrava y se acumula”.
En ese sentido, la especialista señaló que el gobierno parte de la errada convicción que una problemática tan profunda como la violencia puede esconderse encerrándolo en una cárcel. “Esto solo aumenta el fuego y presión a una caldera que se esta llevando al limite”, advirtió.
“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada.”
Nelson Mandela
De igual manera opinó el padre Vicente Chopin, de la diócesis de San Vicente, el lugar preciso donde está construido dicho penal. En declaraciones a El Diario de Hoy, el sacerdote manifestó que se puede notar que las personas y las instituciones construyen una obra en proporción al modo en como se comprenden a sí mismas, y por consiguiente, hacer una megacárcel dice mucho del cómo se entiende el ejercicio del poder político en un país.
“Que se diga que un presidente ha construido la cárcel más moderna y más grande del mundo a que se diga que ese mismo presidente ha construido la universidad más moderna y más grande del mundo son dos cosas distintas”, comparó.
A juicio del sacerdote, no es problema construir una cárcel para delincuentes, sino “¿cómo solucionamos el problema de la delincuencia? Eso no queda claro en términos propositivos y no represivos, es decir, qué es lo que se propone para detener el ejercicio del delito, apuntó.
Chopin destacó que de las 40,000 personas que llegaran a ese megapenal la mayoría son jóvenes y que al encarcelarlas no significa que se ha ganado la batalla contra el crimen, sino que “están reconociendo que han perdido esa batalla”. Esto al analizar que si surgen otros 40,000 delincuentes qué se les va a ocurrir a las autoridades. ¿Van a hacer otra cárcel? se preguntó.
“Eso es de nunca terminar, entonces tienes que apuntar obligatoriamente a las causas y las causas es un problema de educación y desarrollo económico”, opinó.
Otto Flores, representante de la organización “Los siempre sospechosos de todo” dijo que es “una pena” que un gobierno presente como un gran logro la construcción de un megacentro penal porque eso indica que “todas las políticas que tuvo que haber utilizado para evitar el ejercicio de una acción punitiva como la acción penal han fallado”.
Además, consideró que esto da a entender de que este gobierno ha olvidado proteger el derecho a la educación, la salud, el desarrollo económico y la seguridad jurídica.