Transparencia Internacional (TI) reveló este martes su más reciente índice de Percepción de Corrupción, correspondiente a 2022.
En este, El Salvador volvió a descender hasta un deshonroso puesto 116 de 180 países evaluados y obtuvo una nota global de 33 (siendo 100 la menor percepción de corrupción). El promedio global es de 43, lo que indica que El Salvador está abajo de la media del mundo.
A juicio de TI, uno de los aspectos que más ha golpeado la percepción de corrupción en El Salvador es la excesiva concentración de poder y las medidas extraordinarias para abordar la violencia.
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“Para combatir al crimen organizado y la violencia de pandillas, algunos gobiernos han tomado medidas extremas que concentran el poder en el ramo Ejecutivo, lo que reduce la transparencia y la rendición de cuentas”, señala el informe e ilustra este fenómeno con los casos de El Salvador y Ecuador.
Esto amenaza, añade el reporte, los derechos humanos y las libertades básicas.
La declaratoria de régimen de excepción, hecha en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y prorrogada hasta la fecha, ha impactado los “derechos de libre asociación, acceso a la información, tránsito y procedimientos básicos durante un arresto”, señala TI.
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En el nombre de la seguridad, lamentan, se ha cerrado el espacio cívico y se ha reducido la capacidad para supervisar las acciones y el gasto del Estado. Esto, además, daña la democracia e incrementa el riesgo de corrupción.
Coincide con diagnóstico local
Este análisis coincide con las denuncias de organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país, las cuales indican que este régimen ha permitido instalar un clima de miedo entre los salvadoreños, particularmente los críticos del poder.
Asimismo, junto a la aprobación y las prórrogas del régimen de excepción, el oficialismo ha avalado saltarse controles y exención de impuestos para compras públicas. Además, Transparencia Internacional señala que el régimen de excepción “se ha usado para reprimir y silenciar voces críticas del gobierno y limitar incluso más el derecho de acceso a la información”.
El informe da cuenta que en países como El Salvador, el Estado no parece ser un actor relevante en la lucha para la corrupción, la cual queda relegada “casi exclusivamente” a organizaciones de sociedad civil y prensa independiente, mismas que viven amenazadas por este trabajo de rendición de cuentas.
Peor aún, agrega el informe de TI, “la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales”.