La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) señaló el viernes la no garantía de debido proceso en la justicia de El Salvador, esto en reacción a la detención de seis líderes comunitarios acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992).
"El desarrollo del caso en cuestión hace sospechar de las motivaciones de la Fiscalía", apuntó la UCA en un comunicado compartido hoy.
Indicó que "los indicios que apuntan a un posible interés político por parte de la Fiscalía se juntan con una actuación cuestionable del tribunal encargado. El titular del juzgado declaró reserva total y decidió que los acusados sigan detenidos durante el proceso cuando en otros casos de crímenes de guerra los indiciados han sido procesados en libertad y sin reserva".
Los seis líderes comunitarios y exguerrilleros continúan en prisión provisional tras enfrentar el pasado 19 de enero la audiencia inicial de un proceso penal en su contra.
La causa penal pasó a la fase de instrucción y la Fiscalía General de la República (FGR) tiene seis meses para continuar con la investigación, periodo que puede ampliarse si Fiscalía lo pide, según dijo el abogado defensor Dennis Muñoz.
La UCA exige a las autoridades judiciales que "no manipulen el sufrimiento de las víctimas y que actúen con absoluta transparencia y con respeto al debido proceso".
"La verdad y la justicia deben prevalecer ante todo, y deben tener como fin último la dignificación de las víctimas y la reconciliación", agregó.
Los señalados, en total ocho pero solo seis detenidos y residentes de la central comunidad de Santa Marta, son procesados por los delitos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
La Fiscalía sostiene que, el 22 de agosto de 1989, estas personas supuestamente "irrumpieron en la vivienda" de María Inés Alvarenga para trasladarla a un campamento guerrillero "donde la torturaron y la asesinaron".
La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armado interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Líderes comunitarios de dicha ciudad fueron los pioneros de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país.