“Abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele hacia los detenidos bajo el régimen de excepción. Eso se evidencia en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional Human Rights Watch.
Los registros analizados por tal organismo muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño. Esto en el marco del Estado de excepción que se impulsa que impulsa el gobierno salvadoreño desde el 27 de marzo del 2022 y que ha prorrogado en 10 ocasiones, a pesar de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por abusos de poder y capturas de personas inocentes.
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Se trata de una base de datos, atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la que se enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022 bajo tal medida.
El documento indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas.
Uno de los datos más preocupantes es que a finales de agosto, 1,082 menores detenidos durante el régimen de excepción (918 niños y 164 niñas) habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Estos encarcelamientos fueron posibles debido a las reformas aprobadas por los diputados de Bukele en abril del 2022 y que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Una dato alarmante que revela el informe publicado este viernes es que “las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.
Serias preocupaciones
Tras contrastar la información, HRW plantea serias preocupaciones sobre la cantidad de vulneraciones a los derechos humanos de los salvadoreños.
Por otro lado, el informe indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y Mariona (La Esperanza). En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo sin dar detalles de las condiciones en que se encontraban.
HRW destaca que hasta el mes de agosto, más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000 personas. Esto contrasta con los datos oficiales brindados en febrero de 2021 cuando se dijo que el sistema penitenciario de El Salvador tenía capacidad para 300,000 personas.
Cuatro veces más detenidos
Por otra parte, el informe dice que la mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7,600 a 33,000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8,500 a 23,300. Según la base de datos, al mes de agosto, Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad.
Un dato importante que se detalla en el escrito es que más de 39,000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”. Es decir, que al hacer una comparación se puede verificar que son menos las personas que habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0.3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0.6 %).
Sobre este punto, HRW señala que “el uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”.
Es decir, el informe divulgado este viernes respalda los hallazgos presentados anteriormente por Human Rights Watch y Cristosal respecto a la sobrepoblación severa en centros penales y la muerte de personas en prisión. Y es que desde que comenzó el estado de excepción, policías y soldados han detenido a más de 61,000 personas. Alrededor de 3,000 han sido liberadas de prisión, algunos con medidas sustitutivas.
3,102 casos de denuncias
Tras conocer estos datos alarmantes, el organismo internacional recalcó que los abusos cometidos durante el régimen de excepción han sido posibilitados gracias al desmantelamiento acelerado de las instituciones democráticas encabezado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió el cargo en 2019, ya que actualmente ningún órgano gubernamental independiente puede servir como freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos.
Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.
Ante este parama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.