Los agentes supernumerarios despedidos en diciembre pasado siguen denunciando el incumplimiento por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) al negarse a pagar la indemnización que establece la ley, según afirman.
Luis Ramos y Pastor Ponce, en representación de los 300 agentes supernumerarios despedidos, hicieron una serie de denuncias y relataron las afectaciones individuales y colectivas tras los despidos, durante la entrevista de YSUCA la mañana del viernes.
Los agentes cesados estaban anexados a la División de Protección a Víctimas y Testigos por medio de un convenio de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), desde hace 16 años.
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Ramos expuso que el día que los cesaron de sus labores, les hicieron firmar un documento en el que les notificaron que quedaban despedidos, pero hasta el momento no han recibido la indemnización a la que todo empleado de la PNC tiene derecho.
El ex agente explicó que esta situación ha afectado, con mayor gravedad, a las madres solteras y los que padecen enfermedades crónicas, que de un día a otro se han quedado sin acceso a sus tratamientos de salud, pasados los dos meses que establece el seguro.
Ramos explicó que entre el grupo de despedidos se encuentra una gran cantidad de mujeres que son madres solteras, jefas de hogar y que deben llevar el sustento a sus familias.
Por su parte, Pastor Ponce explicó que según el contrato laboral que ellos tenían es a la PNC a la que le corresponde pagar la indemnización que les adeudan, porque ellos aparecen como empleados de esa institución.
El ex agente recordó que si cometía una falta en el trabajo realizado les aplicaban la ley disciplinaria de la PNC. “La ley disciplinaria nos la aplicaban, si algún compañero hacía un mal trabajo, pero los beneficios no se aplican. El 30% de vacaciones, que estaba en el convenio, nunca lo dieron”, explicó Ponce.
Los agentes agregaron que los 16 años de funcionamiento de esa unidad nunca les pagaron vacaciones, ni viáticos, los cuales, aseguran están establecidos en el contrato que firmaron.
Ponce explicó que aunque no estaban de acuerdo, ellos nunca se quejaron por ser “ leales a la institución y creyendo que esta era correcta”.
El Programa de Protección a Víctimas y Testigos en el cual estaban designados los agentes despedidos fue creado en 2006 por un convenio entre la Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia (UTE) y la PNC.
Los agentes adscritos a este programa firmaban un contrato anual cada año en la División de Protección a Víctimas y Testigos de la PNC, pero no eran indemnizados anualmente, aseguraron.
En cuanto al pago de vacaciones y aguinaldo,según establece en la cláusula tercera del convenio, es una obligación de la UTE, pero ellos aseguran que nunca recibieron ambos beneficios.
Los agentes despedidos marcharon el pasado 4 de enero hasta Casa Presidencial, donde entregaron una carta, pero hasta ahora no han recibido respuesta. “No estamos pidiendo ayuda, es un derecho” expresó Ponce.
En el documento, los agentes solicitan la indemnización respectiva para todos los despedidos y el pago de las vacaciones que les adeudan desde 2006.
Otra de las peticiones es que los agentes cesados, que cumplen con los requisitos necesarios, sean reubicados en otras unidades de la PNC “a fin de generar estabilidad laboral y aprovechar el recurso humano calificado para el desarrollo de funciones de seguridad.
Los agentes relataron los peligros y las dificultades que se enfrentan para ejercer su labor como agentes especializados en la protección de víctimas y testigos.
“Nos ha tocado dormir en el suelo”, relató Ramos, quien laboró durante 15 años en la división.
Los agentes también relataron que a algunos les tocó huir de sus casas por amenazas de las pandillas, debido al trabajo que ellos ejercían.
En el periodo entre 2015 y 2019, al menos 200 agentes policiales fueron asesinados por las pandillas como presión para mantener la tregua con el gobierno salvadoreño.
A principios de enero, Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) explicó que los testigos criteriados que se encontraban en las casas de seguridad, quienes eran custodiados por los agentes que fueron despedidos, han sido trasladados a unas bartolinas policiales en Lourdes.
Por lo que ahora, esa seguridad debe ser asumida por los agentes que laboran en tareas de seguridad pública.