Habitantes de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) se pronunciaron, esta mañana, por las capturas de cinco habitantes de dicho lugar y señalaron estar sorprendidos por las acciones y el manejo que ha hecho la Fiscalía General de la República en el caso al que tachan de “un ataque directo a la comunidad”.
Las autoridades los han etiquetado como "comandantes", cuando no se ha investigado a profundidad, lamentaron. Dicha comunidad es una repoblación integrada por exiliados y excombatientes de la guerra civil (1980-1992).
Los detenidos son: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, miembros de Santa Marta; Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES y Saúl Agustín Rivas, asesor legal de la referida organización. Las capturas de los últimos dos sucedieron en Guacotecti, Cabañas.
A ellos se les acusa por el homicidio de María Inés Alvarenga cometido en agosto de 1989 y por asociaciones ilícitas.
“¿A qué se refieren con asociaciones ilícitas? Ellos son veteranos, pero en aquellos tiempos de la exguerrilla. Si eso fuese así, significa que lo que pasó con la firma de los Acuerdos de Paz queda totalmente anulado”, recalcó uno de los miembros de la comunidad.
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El día del arresto, les notificaron que las detenciones ocurrían con base a una investigación previa y que no tiene nada que ver con el régimen de excepción.
Uno de los hijos de los capturados, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, relató que a eso de la 1:00 a 2:00 de la madrugada del pasado miércoles, elementos de la Fiscalía y Policía llegaron a hacer los arrestos.
En la mayoría de casas había niños y adultos mayores, explicó. Además contó que las autoridades revisaron las viviendas y buscaron algún tipo de ilícito, pero no encontraron nada por lo que únicamente tomaron fotografías.
También dijo que en un primer momento fueron llevados a una delegación policial en Cabañas para luego ser trasladados a San Salvador. Tuvieron una breve comunicación con ellos, el miércoles, y les manifestaron que estaban bien aunque los parientes temen que durante su detención puedan enfermar o no se les dé el medicamento a quienes lo toman.
En conferencia de prensa manifestaron que lo último que sabían de ellos es que estaban las bartolinas de la División General de Seguridad Fronteriza.
“Exigimos a la Fiscalía que siga los procesos adecuados, transparentes, que no sean procesos amañados, a la carrera porque tengan alguna agenda de algún tipo”, dijo uno de los hijos de los hombres capturados.
Por otra parte, los miembros de la comunidad mencionaron que no están al tanto del asesinato por el que se acusa a los habitantes.
“En los tiempos de la guerra cualquier cosa ocurría y así como este caso (el asesinato de María Inés Alvarenga) hubo montones en la comunidad, desaparecidos por el Ejército o no sabemos. En ese sentido no tenemos más información del caso que lo que hasta ahora nos dice la Fiscalía que es por el asesinato de la señora habitante del lugar”, finalizaron.