Habitantes de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, denunciaron en redes sociales la captura de cinco líderes quienes están siendo relacionados por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber, presuntamente, participado en un homicidio que ocurrió en el pasado conflicto armado.
Las detenciones fueron realizadas el miércoles a la 1:00 de la madrugada por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegaron para hacer efectiva las cinco órdenes de captura administrativa, que fueron giradas por la Fiscalía.
Un comunicado de la comunidad Santa Marta, que fue publicado en redes sociales y que denuncia las capturas, identificó a los detenidos como Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez.
Dichas detenciones fueron realizadas en la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria. Simultáneamente fueron capturados Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. Sus detenciones ocurrieron en las oficinas de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (Ades) Santa Marta, en el municipio de Guacotecti, de acuerdo al comunicado.
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Uno de los miembros de Ades, Leonel Rivas, señaló que la edad de los detenidos sobrepasan los cincuenta años.
Los miembros de la comunidad al enterarse de lo que estaba ocurriendo, salieron de sus viviendas para conocer sobre las capturas porque los ahora detenidos han sido parte del “tejido organizado de Santa Marta”
“Los hemos conocido de siempre y conocemos perfectamente quiénes son. Nos llamó poderosamente la atención que así de la nada aparezca una orden de captura contra ellos y se ejecute de esta manera cuando, habrá que tener en cuenta, que Santa Marta ha hecho durante más de cuarenta años reiteradas denuncias de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército, en Santa Marta, y donde a esta altura, a más de 31 años de la firma de la Paz y más de cuarenta años de ejecutadas esas masacres, no se ha judicializado un tan solo caso (de los denunciados por ellos)”, expresó Rivas.
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Agregó que ante la presión de la comunidad para conocer explicaciones sobre las capturas, las autoridades les señalaron que los cinco líderes estaban relacionados a un supuesto homicidio; pero que no les dieron detalles del mismo.
También les atribuyen el delito de asociaciones ilícitas, situación que les preocupa debido al contexto actual que tiene el país en relación al régimen de excepción.
Las personas presuntamente iban a estar en las bartolinas de Sensuntepeque; pero la información que obtuvo la comunidad es que fueron trasladados hacia San Salvador.
“Según lo que explicaron ahí se debe a un asesinato que ocurrió durante la guerra en Santa Marta; no sabemos bien los detalles ni ellos profundizaron”, expresó Rivas.
La comunidad señala que en Santa Marta ocurrieron matanzas a partir del 1980 de habitantes del lugar y que desde entonces han pedido que se investigue a los presuntos responsables, quienes pertenecían al Ejército.
Uno de los puntos que consignaron en el documento donde denuncian las detenciones expone que “nos parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el Estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso. Hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política”.
Mientras que el fiscal general, Rodolfo Delgado, publicó, en su cuenta de Twitter, que las detenciones fueron seis y que están relacionados en el homicidio de María Inés Alvarenga, cometido en agosto de 1989.
“Fue sacada de su casa, en el cantón Santa Marta, Cabañas, por guerrilleros del FMLN. La acusaban de colaborar con el Ejército, por lo que fue torturada y ejecutada”, escribió el funcionario en la publicación.
