El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (Sitrasoya) confirmó a El Diario de Hoy que, entre el jueves y el viernes pasados, se registraron una serie de despidos al interior de esa municipalidad.
Según uno de los integrantes de ese sindicato, los despidos se han aplicado a empleados que fueron contratados por la exalcaldesa Nercy Montano, quien fue capturada el pasado 28 de diciembre por distintos delitos atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
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En ese sentido, esos empleados forman parte de las plazas que, según los sindicatos y el también exalcalde de ese municipio Juan Pablo Álvarez, se sumaron luego de que asumió funciones la administración de Montano.
El integrante de Sitrasoya apunta que las personas despedidas ocupaban puestos como gerentes, asesores y jefes, entre los que había familiares de la capturada exalcaldesa.
Uno de los motivos que llevaron al cierre de esas plazas, según Sitrasoya, es que mantenían salarios muy altos para la comuna, los cuales oscilaban entre los $2,600 y $3,700, cifras insostenibles para las cuentas de la comuna.
De hecho, Álvarez dijo pocos días después de la captura de Montano, que antes de que la actual administración tomara posesión, la alcaldía tenía unos 1,050 empleados, los cuales aumentaron hasta los 1,850 una vez comenzó a ejercer como alcaldesa Nercy Montano.
Ese aumento desmedido en las plazas habría provocado que los recursos municipales no fueran suficientes para el pago de los salarios de los demás trabajadores, algo que Sitrasoya viene denunciando desde hace varias semanas, pues a la fecha solo algunos pocos han recibido el pago de los aguinaldos y salarios de diciembre.
Por esta situación, los empleados municipales han suspendido labores de manera parcial como una forma de exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos laborales.
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Asimismo, Sitrasoya denunció el pasado 5 de enero que las autoridades municipales han amenazado a los empleados antiguos con despedirlos o encarcelarlos bajo el marco del régimen de excepción si no detienen las denuncias públicas.
Según el integrante del sindicato, las amenazas y amedrentamientos de parte del gobierno comenzaron a darse desde la noche del 30 de diciembre, pese a que ese mismo día por la mañana se les prometió que comenzarían a recibir sus pagos correspondientes.