El presidente de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, se pronunció ante las presunciones de reducir el número de municipalidades de 262 a 50 en todo el territorio nacional como lo ha planteado el mandatario, Nayib Bukele.
Dicha medida podría buscar exclusivamente la implicación electoral de cara a los comicios de 2024, tomando en cuenta que el partido oficialista ya debe tener claridad sobre los municipios donde tendría menor popularidad para sus alcaldes al manipular las circunscripciones, uniéndolas o dividiéndolas, generaría un efecto para deteriorar los resultados electorales.
“Esto es una manipulación artificial de las circunscripciones electorales a efecto de generar una ventaja”, señaló Escobar argumentando que podrían agrupar los municipios con mayor cantidad de militantes del partido oficialista con otros en los que se ha perdido popularidad para encabezar los votos.
La reducción de los municipios y concentración de sus dirigencias podría ser analizada desde diferentes ámbitos político, cultura y social, pero Escobar hace especial énfasis en “que también permite una lectura electoral. Si al final se termina concretando ese cambio a nivel municipal. El reducir este número de municipios podría responder a la necesidad de como reorganizamos a los electores en los territorios a efecto de tener una ventaja electoral y saber dónde tengo que poner este grupo electoral para ganar este municipio”.
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Para los expertos este cambio debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa antes de las elecciones internas de los partidos debido al impacto que este va a tener.
Previamente se ha señalado la necesidad de hacer un censo y un estudio poblacional debido a que el último fue realizado en 2007. Para el presidente de Acción Ciudadana “siempre ha existido la necesidad de evaluar la actual organización del país, pero desde el enfoque de desarrollo local y reorganización de los municipios, si fuera bajo esa óptica sería pertinente” y no por un trasfondo político.
Antes de generar un cambio es necesario hacer un análisis de factibilidad y conveniencia “No solo apretar el botón porque Casa Presidencial manda”, expusó.
Municipios en crisis
Una de las voces más sonadas en este tema ha sido la diputada, Claudia Ortiz, quién señaló la necesidad de realizar un censo previo para conocer la situación en la que se encuentra la población en todo el territorio con los datos obtenidos en un plazo de un año se podría evaluar la necesidad de reorganizar las municipalidades.
Ortiz señaló que actualmente “estamos viendo muchas de las prácticas de antes con un color diferente”. La legisladora agregó “lo que nosotros queremos es que el estado funcione para le gente y no que este emitiendo leyes para proteger al Estado, y no al Estado sino a gente que lo administra”.
“Tener esa discusión de quitar municipios y redistribuir municipios, no es el mejor momento, primero porque estamos en una plena crisis de los municipios gracias a las malas decisiones y malas ideas”, según la legisladora situaciones como la suspensión del Fodes han agravado la crisis en las alcaldías.
Entre los problemas más recientes se encuentra el tema de recolección de basura en Mejicanos, corrupción en Soyapango y municipalidades en paro de labores.
La legisladora recalcó que “la discusión en este momento no es si reducir porque hay demasiados municipios, sino porque ha habido malos gobiernos locales y esa discusión la tendríamos hasta el próximo año cuando tengamos los resultados del censo”.
Ortiz recalcó su acercamiento con las madres del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador en diversas ocasiones han expresado “se sienten abandonadas por el Estado”.
La diputada cuestionó al gobierno sobre la situación que viven las víctimas de la violencia “¿Se está haciendo algo por las víctimas de desapariciones? ¿Qué pasa con los que yacen en las fosas clandestinas? De eso no se habla. Hay una propuesta de Ley de datos genéticos que sigue sin abordarse”.
También la legisladora señaló que se necesita que “el sistema de justicia de el salvador no es más independiente” ni sea “ocupado la política del régimen para criminalizar conductas que no son delictivos”, haciendo referencias sobre críticos que han expresado su postura en redes sociales y otros espacios.