El año que recién termina dejó a la democracia salvadoreña profundos golpes, algunos de los cuales tomará mucho tiempo sanar y corregir.
Los últimos nueve meses, los salvadoreños han vivido bajo un régimen de excepción que si bien ha contribuido a reducir los niveles de violencia, también ha propiciado la vulneración de los derechos fundamentales de miles de salvadoreños. Esto incluye capturas arbitrarias y el resurgimiento de viejos fantasmas como la tortura y la muerte de personas bajo custodia del Estado.
Además, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó una mordaza que amenaza con prisión a periodistas que cubran el fenómeno de pandillas y su evolución.
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El año pasado también se avanzó en la consolidación del poder en torno a Nayib Bukele y se avanzó en el desmontaje del Estado de derecho. 2022 fue un mal año para la democracia salvadoreña y un año en que se avanzó en la imposición de una cultura de miedo, violencia política e intimidación de quienes cuestionan la narrativa oficialista.
Pero el golpe más artero a la joven institucionalidad democrática lo dio el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quien el pasado 15 de septiembre anunció, en medio de su discurso del Día de la Independencia, que buscará la reelección en febrero de 2024.
Reelección, abiertamente ilegal
En su discurso del día de la Independencia, el mandatario dijo que “el pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el trabajo” de un gobierno. Casi al instante, algunos de sus funcionarios más cercanos se pusieron de pie y celebraron con vítores la decisión.
Asimismo, el presidente reconoció que este anuncio provocará reacciones en la comunidad internacional, especialmente entre países desarrollados.
“De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño”, dijo el mandatario durante su alocución.
Además añadió que “sería una protesta hipócrita porque todos ellos tienen la reelección”.
SOBERANÍA, LA EXCUSA DEL PRESIDENTE
El presidente apeló en su discurso del 15 de septiembre al concepto de soberanía para escudar su decisión, apartada de la legalidad, de buscar la reelección.
A su juicio, es el pueblo salvadoreño y no la comunidad internacional, quien debe determinar quién será el próximo presidente.
Lo que el presidente no dice es que la soberanía no es un cheque en blanco a quien gobierna para hacer lo que quiera sin someterse a ningún tipo de escrutinio.
Por el contrario, la soberanía reside en el pueblo y le protege de quienes buscan abusar del poder o permanecer de forma ilegal en este.
La soberanía no es una garantía de los presidentes sino de los ciudadanos. Es una protección ante la tiranía y la dominación, sean estas ejercidas por extranjeros o por salvadoreños
Sin embargo, no es la comunidad internacional la que prohíbe la reelección en El Salvador, sino la Constitución que el mismo Nayib Bukele prometió cumplir y hacer cumplir el 1 de junio de 2019, cuando asumió el poder. Cuando lo asumió por cinco años “y ni un día más”, como afirma la ley máxima del país.
La Constitución es clara en al menos seis apartados sobre la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.
La alternancia en el poder es, de hecho, un pilar tan fundamental en el sistema jurídico salvadoreño que los constituyentes la establecieron como una “cláusula pétrea”, es decir como una de las disposiciones que no puede ser modificada. Además, la misma ley máxima del país contempla sanciones para aquellos que promuevan la Constitución o suscriban proclamas que lo hagan.
Pese a estas prohibiciones, Bukele atribuyó su búsqueda de la reelección a “la configuración de la nueva institucionalidad democrática de nuestro país” y recalcó, en abierto desafío del texto y espíritu de la máxima ley del país, que “ahora El Salvador lo tiene también (el aval a la reelección)”.
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Este marco legal al que se refiere no es más que la consolidación del poder en torno a su figura y la captura de instituciones que deberían ser independientes y apartidarias, precisamente para controlar el ejercicio del poder, pero que ahora sirven para promover y defender sus intereses políticos.
Un camino largo
El camino a la reelección de Nayib Bukele no ha sido corto ni parece producto de la casualidad. Por el contrario, luce como una larga cadena de eventos en torno a la consolidación del poder.
Esta cadena podría remontarse al 1 de mayo de 2021, cuando la bancada oficialista asumió sus funciones en la Asamblea Legislativa. Ese día, sin mayor discusión ni derecho de audiencia, removieron de forma ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Poco después, impusieron en su lugar a cinco abogados leales al régimen.
Esa misma jornada, hicieron lo mismo con el fiscal general, a quien removieron sin seguir el procedimiento legal, para luego nombrar a un sucesor en su lugar.
Tres meses después, el 3 de septiembre de 2021, la Sala impuesta emitió una cuestionable resolución en la que avala la reelección consecutiva, a pesar de la expresa y abierta prohibición constitucional. Esto supone además un absurdo jurídico, pues un tribunal constitucional está llamado a interpretar todas las leyes a la luz de la Constitución, pero nunca a anular o inaplicar partes de la misma Constitución.
Por esta resolución que avala la reelección, los magistrados fueron incluidos en la lista de personajes corruptos o antidemocráticos que prepara el gobierno estadounidense, la Lista Engel. Desde el 20 de septiembre de 2021, a los cinco abogados se les retiró su visa estadounidense.
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Desde ese momento, los legisladores can empezaron a promover la reelección en sus redes sociales. Esto, pese a que la Constitución manda a que quien lo haga pierde sus derechos de ciudadano.
Para concretar este asalto a la democracia, faltaban dos pasos: que Nayib Bukele decidiera buscar la reelección y que el Tribunal Supremo Electoral lo inscriba, algo que se prevé para este 2023.
Golpe a la democracia
En septiembre, mientras el país conmemora su independencia, su soberanía y el triunfo sobre la tiranía colonial, el presidente dio uno de esos pasos y anunció que, al igual que otros gobernantes aprendices de autócratas en el continente, busca permanecer en el cargo más allá de lo que le es permitido.
Por el lado del TSE, si bien este no ha emitido una resolución en esta materia, un comunicado en septiembre de 2021 ya adelantó criterio y sostuvo que acatarán lo dispuesto por el tribunal constitucional, que además es ilegal en su origen.
Uno de los pilares de la joven institucionalidad salvadoreña es la alternancia en el poder. Esto fue incluido en la Constitución en al menos seis ocasiones precisamente para garantizar que en el país no se volverá a montar un modelo autoritario basado en la permanencia ilegal en el cargo.
Por ello, la reelección se prohíbe, se castiga a quien la promueva, se establece límites a quién puede ser candidato, se llama a la Asamblea a desconocer a quien se mantenga en el poder y se dice claramente que el mandato presidencial es de solo cinco años y ni un día más. Además, se prohíbe modificar cualquiera de los apartados anteriores.
El texto constitucional es claro y a diferencia de la excusa malabareada por el vicepresidente Félix Ulloa, no hay artículos ocultos -y mucho menos explícitos- que lo permitan.
Por el contrario, advierten abogados que esto no es solo un golpe a la Constitución y la legalidad, sino también el inicio de un fraude electoral.
Esto, pues la elección presidencial de 2024 nacerá con una enorme falla de origen: el candidato del oficialismo no está habilitado legalmente a correr, pero lo hará en virtud de tener el control total del aparato del Estado.
Artículos que lo prohíben
75 numeral 4: “Pierden los derechos de ciudadano (…) Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.
88: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.
131 numeral 16: Corresponde a la Asamblea Legislativa: Desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un Presidente Provisional”.
152 numeral 1: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
154: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
48: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.