Insostenibilidad e inviabilidad son, probablemente, dos de los términos que más han sonado en las voces de distintos sectores del país en las últimas semanas. Estas dos palabras podrían describir con bastante precisión la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que aprobó la Asamblea Legislativa la semana pasada y que entra hoy en vigencia, según confirmaron algunos diputados de oposición. Esto, pues este jueves se cumplen ocho días desde que el decreto salió publicado en el Diario Oficial, el pasado 21 de diciembre.
Esta reforma ha sido promovida por el aparato oficialista, a través de los titulares de Hacienda y Trabajo, como una ley integral, pero la misma ha sido muy cuestionada por economistas, abogados y representantes de organizaciones como la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
Lo anterior debido a que hay muchos vacíos que no han podido superarse con la reforma, y pese a que el factor estrella ha sido el aumento de la pensión mínima a $400, ni siquiera ese punto ha quedado claro en la redacción de la ley, en la cual tampoco se especifica cómo se financiará el aumento.
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En este caso, el artículo 114 de la nueva ley aprobada señala que el monto de la pensión mínima por vejez, invalidez total y sobrevivencia es de $304.17, es decir, el mismo monto de la ley anterior.
Por ello, el abogado constitucionalista Enrique Anaya explicó semanas atrás que esto abriría paso a que siempre existan pensiones menores a la que se considerará como pensión mínima.
Pero ese no es el único punto que ha sido cuestionado en la sociedad civil. Con respecto a ese aumento, también es considerado por economistas como una distribución inequitativa, pues la nueva redacción de la ley confirma que se aplicará un aumento general del 30% a todas las pensiones, desde la mínima hasta las más altas.
Esto significa que una persona que mantenía una pensión de $304 bajo el anterior sistema verá una subida en su pensión de solo $90, mientras que un pensionado que recibía un monto de $2,000 antes de la reforma ahora verá cómo esa cifra incrementa hasta los $2,600, debido al porcentaje estándar del 30%.
Según explicó Anaya anteriormente, “esta es una medida regresiva porque va a beneficiar más a los que tienen pensiones más altas y no a los que tienen pensiones bajas”, estas últimas pertenecientes al grueso de la población, es decir, donde se concentra la mayoría de los cotizantes.
Financiamiento sin límites
Con respecto a la insostenibilidad del sistema, el hecho de que junto a la reforma de la ley también se haya aprobado una nueva herramienta para que el gobierno acceda a los fondos de los trabajadores es algo que también ha sido cuestionado.
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Esto se refiere a los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los cuales tienen la misma finalidad de los anteriores Certificados de Inversión Previsional (CIP), un tipo de título valor por el cual el Estado prácticamente obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a que le presten dinero de los ahorros de los trabajadoras. Esto pese a que la propaganda estatal prometió que ya no tomaría prestado esos fondos.
La diferencia entre los CIP y los COP es que con los primeros el gobierno solo podía acceder a un límite del 45% del total de los ahorros, mientras que en la nueva redacción, el Ejecutivo podrá emitir esos COP sin límites, es decir, podría ser una fuente ilimitada de financiamiento.
$304.17 Pensión mínima
Pese a que uno de los principales anuncios entorno a la reforma a las pensiones es el aumento de la pensión mínima a $400, el decreto mantiene el monto anterior.
El tema de que el gobierno pueda adquirir más deuda proveniente de los ahorros para jubilación ya se había intentado en 2017, cuando se quiso subir el límite hasta el 50%. Sin embargo, una resolución de la Sala de lo Constitucional de ese entonces frenó la propuesta porque afectaba las condiciones de las pensiones futuras de los cotizantes actuales.
Debido al nuevo instrumento, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) señaló el pasado 22 de diciembre que la reforma a la ley es inconstitucional, una conclusión basada en la jurisprudencia ya existente.
Debido a esas afectaciones que ponen en riesgo las pensiones futuras, la Alianza El Salvador en Paz, que reúne a varias organizaciones sindicales de trabajadores, y los maestros aglutinados en la Asociación Nacional de Bases Magisteriales Salvadoreñas (BMS) expresaron su rechazo dos días después de aprobada la ley, debido a que no consultaron a los sectores interesados de la población acerca de esta herramienta que le permitirá al gobierno echar mano de los ahorros.
$600 de aumento
Percibirán los jubilados que, hasta antes de la reforma, recibían una pensión de $2,000, mientras que para la pensión mínima el aumento es de solo $90.
LO QUE INCLUYE
Aumento del 30% a todas las pensiones
Supuesto aumento de la pensión mínima a $400
Creación de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP)
Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP)
Aumento del 1% en el aporte del empleador
Aumento del 1% en la contribución a la Cuenta de Garantía Solidaria
Creación de una planilla única para aportes al ISSS y a las AFP
Lo que no incluye
Claridad sobre el monto de $400 para la pensión mínima (sigue apareciendo como $304.17)
La posibilidad de que los trabajadores puedan retirar el 25% de sus ahorros
Equidad en la distribución del aumento de las pensiones más bajas y más altas
Aumento a la pensión por invalidez
Detalles sobre los plazos e intereses para los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT)
Límites a los fondos que el gobierno puede tomar a través de los COP