El director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carillo, hizo un balance sobre las acciones de seguridad pública realizadas por el Ejecutivo en este año. El especialista en materia de justicia y seguridad explicó que destacan tres aspectos en general, uno positivo y dos negativos.
Para Carillo, el aspecto positivo tiene que ver con la sensación de seguridad que la población percibe con las acciones impulsadas por las autoridades de Seguridad y los indicadores de violencia que muestran una mejoría, por lo menos en las cifras oficiales. Sin embargo, enfatizó que estas cifras no pueden ser contrastadas con otras fuentes de información debido a la falta de acceso a datos estadísticos de esos indicadores de violencia.
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"Es un derecho ciudadano el derecho a la controlaría social y cuando hay una restricción a la información se ve mermado", señaló. Carillo agregó que la restricción al derecho a la información no permite hacer evaluaciones.
Para muestra, la Policía Nacional Civil (PNC) ha realizado siete reservas de información en el 2022, entre esas se incluyen datos de víctimas de homicidios, desaparición y osamentas o restos encontrados en fosas clandestinas.
“Esto afecta al final mismo gobierno, cuando este no permite el acceso a la información no puede tener retroalimentación, por tanto, no puede evaluar el éxito de sus medidas, los errores ni corregirlos”, explicó.
Para el especialista, el segundo aspecto a mejorar es la ausencia de una política pública en materia de seguridad.
“No podemos dar fe de una auténtica política pública de Seguridad; aunque se ha solicitado, no se ha tenido un documento que plasme (...) las acciones que está impulsado la actual administración”, aseveró.
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Carillo explicó que esas acciones no se han construido con la participación de ningún actor relevante de la sociedad, entre esas las fases del control territorial y la implementación del régimen de excepción.
“Podemos inferir que las acciones que se han impulsado han sido llevadas a cabo según lo que ha ido sucediendo en el contexto”, concluyó.
En cuanto al régimen de excepción, Carillo recordó que la Constitución regula el uso de esa figura jurídica, pero cumpliendo ciertos parámetros que no se han aplicado. “No se está cuestionando si hay un buen resultado o no. Esa no es la discusión”, aclaró.
Por otra parte, Carillo explicó que el régimen de excepción es una medida de emergencia, el cual fue implementado ante el alza de homicidios, pero ahora se supone que las autoridades ya tienen el control de los territorios y por lo tanto ya no se justifica.
“Si nos vamos al estricto sentido jurídico, ya no tiene justificación estar aplicando el régimen de excepción. Por las mismas cifras que ellos dan ya no se justifica a partir de la situación de violencia, porque lo que reportan es que tienen un amplio control de los territorios”, enfatizó.
En el último informe sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador, Human Right Watch y Cristosal recomendaron al gobierno de Bukele terminar con el régimen de excepción, dada la ausencia de evidencia sólida que demuestre que sus restricciones a los derechos fundamentales son estrictamente necesarias para responder a una situación que ponga en peligro la vida de las personas.
Asimismo, ambas organizaciones plantearon al gobierno la necesidad de implementar una nueva política de seguridad que respete los derechos humanos y que sea efectiva en desmantelar a las pandillas y proteger a la población de los abusos de estas.
