´´Probablemente lo que ocurrió en marzo fue que la tregua (entre el gobierno y las pandillas) salió mal", fueron las declaraciones de Valeria Vásquez, analista de riesgos para Centroamérica de Control Risk, la consultora de riesgos políticos, operativos, sociales y de seguridad con sede en México, al ser consultada por la agencia de noticias France 24 en Español.
La experta hizo un análisis de la situación que se vive en El Salvador y países como Panamá y Guatemala en temas de libertad y derechos humanos y donde señala el autoritarismo ha imperado. Para Vásquez el 2022 ha sido un año de retrocesos en esta materia.
Sobre El Salvador, resaltó el tema de violencia, que si bien en los últimos meses ha bajado el índice de homicidios registrados, recordó que solo a finales de marzo ocurrieron 87 asesinatos, lo cual según su análisis solo pudo representar el rompimiento de una tregua entre el gobierno "y las dos principales pandillas" que operan en el país.
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"Hay muchas pruebas que han publicado medios independientes de funcionarios públicos allegados a Bukele entrando a cárceles del país, hablando con líderes de pandillas, hay audios, hay videos, hay fotografías, hay muchas pruebas", acotó.
Para la analista, estos 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo, una cifra que no se había registrado desde los Acuerdos de Paz, habrían demostrado "que la tregua salió mal".
"Probablemente alguna de las pandillas pidió algo y no se dieron las concesiones prometidas a las pandillas, y por eso vimos esto (el alza súbita de homicidios)", sentenció.
El 25 de marzo se registraron 14 muertes violentas, 62 el día 26 y 11 el día 27. El sábado 26 de marzo ha sido el día más violento después de los Acuerdo de Paz.
Los homicidios se concentraron en su mayoría en los departamentos de La Libertad (16), San Salvador (14), Ahuachapán (14), Sonsonate (10) y Santa Ana (8). Marzo finalizó con un total de 165 asesinatos, 75 más que en el mismo período del año pasado en el que se registraron 90.
Esta alza de homicidios llevó a que en la Asamblea Legislativa se decretara, a petición del Ejecutivo, el régimen de excepción el cual se ha mantenido por más de ocho meses.
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Organismos nacionales e internacionales han señalado las arbitrariedades y violación a derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción, cuya novena prórroga fue aprobada por los diputados el 14 de diciembre pasado.
Denuncian además que la medida ha llevado además a tener más hacinamiento en las cárceles y ha dado paso a actos de tortura.
Cristosal registró hasta el 14 de noviembre 3,107 personas a las que se les habían vulnerado sus derechos bajo esta medida. Familiares de detenidos también han denunciado reiteradamente capturas arbitrarias de sus seres queridos.
Hasta el 13 de diciembre 60, 019 personas había sido detenidas acusadas de supuestamente pertenecer a estructuras terroristas o tener vínculos con pandillas, según declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
“Hablar de torturas es parte de la misma perversidad de organismos internacionales que han pretendido que en el país no se resuelva el problema de las pandillas; ahora enarbolan los Derechos Humanos de los criminales”, dijo el funcionario en una entrevista televisiva.
Para Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, El Salvador es un país que no goza de una buena evaluación. "El pacto Bukele-pandillas es del conocimiento internacional.", resalta.
Asimismo reitera que "el método de control social utilizado en El Salvador no es nuevo para la comunidad internacional especialmente para los evaluadores de riesgos que de manera objetiva tienen que analizar las condiciones para los inversionistas".
Para la representante del organismo de derechos humanos El Salvador no goza de una buena evaluación, "lo que aleja a inversionistas serios y por ende a la generación de empleos".