Por Bukele y sus NI prometieron que la reforma de pensiones sería un regalo de Navidad para los salvadoreños. Pero envenenado, porque no favorece a los cotizantes sino al gobierno NI, que logra evadir su deuda con las AFP mediante la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (estatal) y obliga a los ahorrantes a pagar las pensiones del ISSS, el INPEP y los jubilados del ISPFA. La pésima redacción de esta ley evidencia la confesa ignorancia de sus creadores que aseguraron “No necesitamos consejos de expertos para aprobar las leyes”. Se nota que las consultas se realizaron únicamente con sindicatos sumisos al GOES, que tampoco están satisfechos con la nueva ley.
El Ministro de Hacienda y los diputados han mentido descaradamente pues la ley que prometía una pensión digna está llena de contradicciones, aunque aseguren tener 176 estudios actuariales, trabajados desde 2019 al inicio del bukelismo. Según el constitucionalista Enrique Anaya, para las reformas de 2017 él fue asesor de líderes sindicales y realizaron dos estudios de ese tipo, que costaron $50,000 cada uno. ¿De dónde salió tanto dinero para pagar los 176 estudios y por qué no se publicaron?
Juran que el GOES no meterá más la mano en los ahorros de los trabajadores, aunque NI ha usado ya $1,322 millones de las AFP, y para seguir haciéndolo cambió el nombre de los CIP, hechura Saca/Funes, por los COP que les autorizan a retirar fondos de las AFP sin límite alguno. Solo beneficia a los 60,000 salvadoreños que ganan el mínimo y se jubilarán con $400 pero deja fuera a más de un millón de ciudadanos. El aumento del 30% no permitirá a los maestros jubilarse porque su pensión no pasaría de $450, según Bases Magisteriales.
La ley quita a los pensionados de las AFP el derecho de retirar el 25% de sus cuentas individuales, para “lo que les dé la gana” porque es su pisto. Pero el GOES lo necesita para engañar a los ingenuos que les darán sus votos en 2024. El diputado Soriano expresa “que en ningún país del mundo se puede retirar un porcentaje de los ahorros, ni lo recomienda la OIT”. Porque son países democráticos y respetuosos de los bienes ajenos, mientras El Salvador es el único país donde miles de afiliados han retirado sus ahorros, o estaban en trámite de hacerlo, por la desconfianza de que este gobierno NI siga apropiándose de los ahorros privados.
El diputado Caleb Navarro está orgulloso de que para estudiar la ley “trabajaron en doble sesión, 3 veces semanales y saliendo en horas de la tarde”. Se nota que jamás ha trabajado de verdad en una empresa privada. Pero a pesar de este arduo esfuerzo, la ley es una chambonada, llena de errores e inconsistencias. En el Art. 98 dice que nadie podrá tener una pensión mayor a $3,000. Pero en el Art. 157 “En ningún caso el monto de pensiones existentes serán afectados o disminuidos con esta ley". No se tocan las pensiones VIP.
El Ministro Zelaya: “La ley garantiza que el sistema sea funcional para todos. En el pasado los flujos de entrada (ingresos) eran para los sistemas privados y los de salida (pagos) para el GOES”. ES obvio que el GOES recibe impuestos de todos los contribuyentes, pero quiere pagar sus obligaciones previsionales con nuestros ahorros. La situación real, que todos conocemos, es que la deuda del GOES con las AFP para pagar ISSS, IARFSA e INPEPE es de $17,824 millones, aunque para Zelaya solo quedan en las AFP $2,000 millones, lo que indica que con esta ley pretenden borrar la deuda pendiente y robarse nuestro ahorros.
No sabemos si les alcanzará el dinero para aumentar el 30% a las pensiones de los 198,000 jubilados pues no aparece en el Presupuesto 2023. Pero así y todo, la aprobación de la Ley recibió gritos de apoyo por los contratados en la galería, por la aprobación de una ley que dará pensiones justas y exigiendo la reelección de Bukele. Salvadoreños, hay que hacer el esfuerzo por enterarse de los detalles de esta ley que es una verdadera estafa, una encubierta nacionalización, presentada como un regalo de navidad envenenado a este sufrido pueblo.
Maestra.