Un rechazo rotundo ha recibido la Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa, de parte de los maestros aglutinados en la Asociación Nacional de Bases Magisteriales Salvadoreñas (BMS) y de la Alianza El Salvador en Paz, que reúne a varias organizaciones sindicales de trabajadores.
El Gobierno podrá echar mano del Fondo de Pensiones sin ningún límite y ni siquiera les consultaron si estaban de acuerdo, reclamaron representantes de las organizaciones de maestros de Bases Magisteriales.
Mientras que para las organizaciones sindicales aglutinadas en la Alianza El Salvador en Paz, la nueva ley pretende tomarse los ahorros de los trabajadores.
Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, señaló que en reiteradas ocasiones intentaron presentar por escrito sugerencias para la modificación de algunos de los artículos de ley para la reforma del sistema de pensiones; sin embargo, no fueron recibidos.
“Ninguna gremial de educadores fue convocada a ninguna reunión (de la comisión Ad Hoc que estudio la ley de Pensiones) para establecer un régimen legal que garantizara pensiones dignas”, expresaron los representantes de Bases Magisteriales.
Ahora que ya se conocen cuáles serán los términos en la nueva ley para poder acceder a una pensión y su monto, Villegas asegura que los maestros no tendrán ningún beneficio.
“Los educadores continuarán laborando, porque la pensión no llega ni siquiera a la mitad del salario devengado. Tendrán maestras y maestros de más de 65 años que ya tienen hasta dificultades para caminar. Están condenando al magisterio a morirse en las aulas”, expresó Villegas.
La normativa entra en vigencia a partir del 30 de diciembre y supone un incremento del 30% para quienes no hayan retirado el anticipo del 25% o menos, si es el caso que lo hayan realizado; si es así, según el gobierno recibirán un porcentaje de acuerdo a lo que tienen en su saldo de la Cuenta Individual de Ahorros para pensionarse.
Sin embargo, en el Presupuesto General de la Nación del próximo año, aprobado el pasado jueves 22 de diciembre, se confirmó que en realidad la pensión mínima prometida en $400 mensuales, no existe.
En el “papel”, lo que sigue siendo una realidad es que la pensión mínima por vejez es de $304.17 y es sobre la que supuestamente se hará el incremento del 30%, y si después de hacer ese cálculo, el monto aún no llega a los $400, se ajustará a esa cantidad (ver más en nota aparte y recuadros).
Ante esto, los representantes de la Alianza El Salvador en Paz cuestionaron que el gobierno “maneja un doble discurso” sobre el aludido aumento de la pensión mínima por vejez, ya que esta sigue siendo de $304.17, según la nueva ley aprobada por la Asamblea.
Por lo anterior es que los integrantes de Bases Magisteriales lamentan que los educadores tendrán que continuar laborando porque la pensión no llega ni siquiera a la mitad del salario devengado para poder cubrir sus gastos y compromisos económicos familiares.
Además, las organizaciones sindicales aglutinadas en la Alianza expusieron que la nueva ley agudiza la crisis que generaron las reformas a las pensiones de 2017 que llevó a cabo el gobierno del FMLN, ya que ahora la disponibilidad que tendrá el Estado para usar los ahorros de pensiones ya no será del 45%, sino “sin límites”, para ocuparlo en obligaciones del fisco.
“Lo único que tienen son los fondos de los trabajadores y la reforma les permite sacar esos fondos de ahorro de manera ilimitada por medio del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, criticó Rafael Méndez, de la Coordinadora Sindical Salvadoreña.