Con fecha 21 de diciembre, el Diario Oficial publicó la Ley Integral del Sistema de Pensiones, junto a la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Con esto, la vigencia de la nueva ley de pensiones comienza el próximo 30 de diciembre, que son los 8 días después de que el Diario Oficial lo hace público de acuerdo a la ley.
Significa que a partir del 30 de diciembre ningún cotizante de las AFP podrá pedir el 25% de adelanto del saldo de sus ahorros para pensionarse, que es una de las principales reformas que contiene la nueva normativa, dando así un retroceso significativo a uno de los beneficios que desde 2017 tenían los trabajadores.
A pesar de las críticas que los salvadoreños han hecho a esta medida, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y los diputados de la bancada oficialista se mantuvieron firmes en que fue una reforma de la anterior legislatura que dañó a los cotizantes.
Sin embargo, para quienes tenían cifradas sus esperanzas en que el próximo año podrían contar con ese dinero para invertir en negocios propios, para la educación de sus hijos, para tratamientos médicos o para saldar deudas con la banca, es un golpe bajo a su empobrecida economía.
Especialmente para las mujeres, ya que en 2023 este segmento de la población tenía el derecho de poder retirar parte de sus ahorros sin importar la edad.
La ley de pensiones también establece que habrá un aumento del 30% a las pensiones y que la mínima de vejez será de $400, excepto para quienes ya retiraron su anticipo, ellos no podrán acceder a ese beneficio.
La Asamblea aprobó anoche el presupuesto general de la Nación para 2023, pero ese incremento no se vio reflejado tal como lo habían asegurado los diputados y el gobierno.