Para este martes se prevé que la Asamblea Legislativa apruebe el Presupuesto General de la Nación para funcionamiento de 2023. El monto asciende a $8,902.7 millones, con un financiamiento adicional de deuda por $1,139.3 millones, para poder suplir todas las obligaciones del Estado.
Según estimaciones de organismos financieros al cierre de 2022, El Salvador podría llegar a tener una deuda pública de entre $21,000 a $22,000 millones, eso sin contar que en los últimos meses la Asamblea ha seguido aprobando préstamos por más de $1,000 millones en el presente año.
Sin embargo, para el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, eso no es un motivo de preocupación, pese a que organismos internacionales han levantado las alertas ante el elevado endeudamiento de El Salvador y el alto riesgo de impago que eso supone.
Del total del monto del gasto nacional que se planea aprobar de casi $9,000 millones, los diputados acordaron destinar $1.7 millones para distintas organizaciones no gubernamentales, pese a que la bancada oficialista ha sido crítica con destinar recursos públicos para las ONG.
El proyecto de presupuesto tuvo algunas modificaciones leves en cuanto a asignación de fondos para la Fiscalía, para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y para el Tribunal del Servicio Civil.
Además, el acuerdo tomado por la Comisión de Hacienda no consideró las opiniones de los titulares de las carteras de Estado de Economía, de Agricultura, del Ministerio de Trabajo y de Medio Ambiente, entre otros.
También se destinan $2,480.3 millones para el pago de remuneraciones; mientras que entre los ministerios que tendrán mayor asignación presupuestaria están el de Educación, con $1,501.8 millones; para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Defensa un total de $838.7 millones; y para Salud Pública, de $1,131.2 millones.
Los diputados de la bancada de Nuevas Ideas también acordaron añadir algunos cambios que fueron enviados por el Ministerio de Hacienda para incorporar más fondos a la Fiscalía por $6.6 millones, que serán reducidos del Ramo de Hacienda. El gasto asignado para la Fiscalía era de $78.1 millones, por lo que subirá a $84.7 millones.
El Instituto de Acceso a la Información Pública había solicitado $2 millones, pero el acuerdo fue aumentar su presupuesto en $300,000; al Tribunal del Servicio Civil también se le incorporarán $350,000 más, por lo que su gasto para el próximo año se elevará en $650,000. Los fondos serán recortados del Rubro de Hacienda.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, también explicó que dentro del estudio del proyecto de presupuesto identificaron en la partida de gastos y obligaciones generales del Estado una rectificación de $14.3 millones que supuestamente pasarían a la unidad presupuestaria del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), con lo que su gasto para 2023 será de $82.8 millones.
El Instituto de Veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN tendrá una asignación de $162.5 millones.
Con respecto a este punto, el abogado constitucionalista Enrique Anaya afirma que las pensiones de los veteranos serán pagadas con fondos de los ahorros que los trabajadores cotizan en las AFP para pensionarse.
Esto se realizará a través de la reforma que el Ejecutivo ha impulsado para derogar al INPEP y crear al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
El presupuesto también contempla la incorporación de las modificaciones aprobadas por la Asamblea anteriormente en cuanto a la Dirección Nacional de Hidrocarburos y Minas, lo que obliga a trasladar fondos que anteriormente eran manejados por el Ministerio de Economía al Ministerio de Hacienda, relativos al fondo para pagar los subsidios al gas licuado.
Las funciones ahora serán ejercidas por el Ministerio de Hacienda, por lo que esa cartera de Estado manejará $87.1 millones para la entrega del subsidio al gas propano. También asignaron $1.4 millones para el centro de atención nacional del subsidio del gas propano.
Al respecto, cabe mencionar que varios ministerios no fueron llamados a la Comisión de Hacienda para explicar el uso de los fondos asignados en sus presupuestos, uno de ellos fue el de Economía, también el de Agricultura y el de Medio Ambiente, entre otros.
Consultado sobre la inasistencia de estos funcionarios, el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, manifestó que al Ministerio de Agricultura no lo convocaron porque ya saben el monto que necesitan cada año en el presupuesto.
“El tema de agricultura fue un tema muy difícil, Agricultura nosotros ya sabemos cuánto es año con año, son ministerios que ya tienen un parámetro año con año, creímos en la comisión que era innecesario invitarlo”, argumentó Cardoza.
Hace unos días, el presidente Nayib Bukele nombró a Óscar Enrique Guardado como nuevo ministro interino ad-honórem de Agricultura y Ganadería, en sustitución de Enrique Parada.
Guardado se estaba desempeñando como viceministro ad-honórem en esta cartera de Estado y como presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), pero desde el 14 de diciembre se convirtió en el cuarto funcionario que es juramentado como titular de Agricultura durante la gestión de Bukele.
El Gobierno no ha detallado las razones de esta nueva designación, tampoco se han hecho públicos los motivos de la salida de Parada.
Según leyeron los diputados, en el dictamen favorable se suspenden los incrementos, nivelaciones salariales, aumentos en gastos de representación y prestaciones económicas en los tres Órganos del Estado y las alcaldías, salvo en los casos de urgencia que deberán ser autorizados por el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, eliminaron el monto aplicable para los escalafones de empleados en el ramo de Salud, Educación y Cultura, que tengan un salario igual o menor a $2,000 mensuales.
La semana pasada, los sindicatos del Ministerio de Salud anunciaron una concentración frente al edificio de la Asamblea Legislativa, en reclamo porque el escalafón solo se aplicaría para empleados con salarios menores a $500 mensuales, expresó en su momento la secretaria general de SITRASALUD, Silvia Navarrete.
Sin embargo, el evento fue suspendido por la promesa del ministro de Salud, Francisco Alabí, de un encuentro con los sindicalistas tras cuatro meses de no quererlos escuchar.
A pesar de que la bancada de Nuevas Ideas fue bastante crítica con sus antecesores de haber otorgado fondos públicos a distintas ONG en presupuestos anteriores, esta legislatura incorporó $1.7 millones para distintas organizaciones no gubernamentales.
El jefe de fracción oficialista, Christian Guevara, justificó que por primera vez el dictamen del gasto nacional del Estado era leído en la comisión de Hacienda y aseguró que lo que se leyó es lo que será aprobado, y no como antes, que hacían cambios en los pasillos legislativos.
“Antes, los presupuestos para ONG se usaban en campañas políticas, para pagar a activistas, eso se terminó, ahora el dinero es para becas para jóvenes, en instituciones que ayudan como Comandos de Salvamento. Aquí nunca se había leído el dictamen (del presupuesto) en el pasillo manoseaban el presupuesto”, aseguró Guevara.
Entre las ONG que recibirán fondos públicos están: ministerio Bethania de El Salvador por $100,000; la Fundación para el Desarrollo Integral de la Persona Sorda, por $50,000; Fundación un gol para El Salvador, por $100,000; Hospital Divina Providencia para pacientes con cáncer, por $160,000; Asociación Protectora de Ancianos Nuestra Señora de los Pobres, por $120,000. Así como la Fundación Nuevos Horizontes para pobres, por $400,000; Asociación Patitas en la calle, por $150,000; Fundación centro de capacitación de El Salvador por $400,000.