El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reiteró en la comisión Ad Hoc que estudia los proyectos de ley de pensiones, que definitivamente no se puede incrementar la pensión por invalidez y que tampoco es sostenible seguir con el mecanismo de entregar hasta el 25% de anticipo de los ahorros para pensionarse.
Actualmente, la pensión por invalidez es de $300, pero esta no contempla aumento en el proyecto de pensiones, como sí lo tiene la pensión mínima por vejez, que pasaría de $304 a $400.
Zelaya dijo que prefiere ser sincero con la población al admitir que dieron prioridad a las pensiones por vejez antes que a las de invalidez.
En una reunión anterior, el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, mencionó que eran menos las pensiones por invalidez, a lo que el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, le espetó que con mayor razón, las debieron tomar en cuenta.
Asimismo, Zelaya reafirmó que en 2023 es “insostenible” seguir manteniendo el desembolso de hasta el 25% de anticipo del ahorro de pensiones que la actual ley permite.
El funcionario alegó que de seguir con ese mecanismo, el próximo año se tendrían que desembolsar $760 millones, ya que en 2023 y de acuerdo a como está la ley actualmente, no habría restricción de edad para que las mujeres hagan uso de ese derecho.
Sin embargo, dijo que analizan con los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, la posibilidad de que los trabajadores que estén por pensionarse, puedan reintegrar el anticipo recibido para no quedar fuera del incremento del 30% que proyecta la propuesta del gobierno.
A manera de ejemplo, dijo que quien tenga una pensión de $500 se verá incrementada en $150 más, es decir, $600.
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la Comisión Ad Hoc que estudia las reformas al proyecto de ley de Pensiones, informó al finalizar la comisión que el próximo lunes incorporarán 42 enmiendas a la iniciativa de ley de pensiones presentado por el gobierno.
La parlamentaria no reveló qué modificaciones se realizarán, sin embargo, expresó que algunas son de forma, pero también hay varias de fondo y que han incorporado los aportes de los sindicatos que llegaron a la comisión Ad Hoc y de funcionarios del gobierno, entre ellos, el presidente del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia General del Sistema Financiero.