La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles por la noche la novena ampliación del régimen de excepción, medida vigente desde el 27 de marzo pasado y que comprende suspensión de derechos constitucionales.
Este miércoles, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea Legislativa la solicitud de la nueva prórroga de la medida. Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno incluyó dos nuevas figuras delictivas para castigar a familiares que encubran la extorsión y castigar con cárcel a víctimas de extorsión.
60, 019 personas capturadas
Hasta el 13 de diciembre, el ministro Villatoro anunció la captura de 60, 019 personas acusadas de supuestamente pertenecer a estructuras terroristas o tener vínculos con estas. La organización Cristosal registró hasta el 14 de noviembre 3,107 personas a las que se les habían vulnerado sus derechos bajo esta medida.
No obstante, Villatoro arremetió contra los cuestionamientos de organismos internacionales defensoras de derechos humanos que critican tales disposiciones e indicó que “se ha recuperado el control de territorio por parte del Estado” en nueve meses de el régimen.
El funcionario recordó que esta prórroga va acompañada del establecimiento de cercos militares en las ciudades más grandes. “Cuando se inició el cerco de Soyapango declaramos haber recuperado el control del territorio”, expresó.
En una entrevista matutina, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, adelantó que hoy se aprobaría una nueva prórroga de la medida excepcional, pero con “un par de bombas”.
Dos figuras delictivas nuevas
El diputado se refería los dos hechos delictivos que se adicionaron a la petición de Villatoro para extender el régimen.
“Adicional a la novena prorroga estamos presentando una reforma a la Ley Especial Antiextorsiones donde estamos incorporando dos figuras delictivas nuevas”, dijo el ministro de Seguridad.
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Seguido de eso, el funcionario explicó que una de ellas es el encubrimiento de extorsiones.
“Estamos levantando un bloqueo legal que había y no se podía procesar a los familiares, en este caso cuando se trate de familiares que encubren terroristas para que vayan a cobrar la extorsión, se levanta ese velo y se faculta al Estado a procesarlos independientemente de las relaciones de afinidad o consanguinidad que tengan”, advirtió Villatoro.
El segundo delito a incorporar es el financiamiento ilegal de organizaciones criminales.
“Adicional se incorpora el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales, donde se prohíbe y se sanciona penalmente de cinco a ocho años a aquellas empresas, directivos, representantes legales, catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador, a pagar extorsión a ninguna estructura criminal. Ya no es tiempo que ninguna empresa esté financiando a estos grupos”, concluyó.