Wilson Sandoval, Coordinador de ALAC El Salvador-FUNDE, dice que no será de extrañarse que en un par de años, la Unión Europea (UE) también lance sanciones en contra de los funcionarios relacionados a hechos de corrupción por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Para el experto en transparencia, el mensaje de Washington es “intenso”, al incluir a dos funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele, no solo en la Lista Engel, sino también en la de OFAC basándose en la Ley Global Magnitsky. Este es el caso del Secretario Jurídico, Conan Castro y del Ministro de Trabajo, Rolando Castro.
“Hay una combinación entre el tema de corrupción y el de derechos humanos, hay un elemento antidemocrático que Estados Unidos verifica que se han atropellado, no solo se reduce al tema corrupción, me parece que es predecible en el mediano plazo que si Estados Unidos usa el tema de derechos humanos, no me sorprendería que en los próximos dos años, la Unión Europea emita sus sanciones en el ámbito de derechos humanos”, argumentó Sandoval.
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En ese sentido, otros funcionarios que ya fueron sancionados por EE.UU. como el director de Centros Penales, Osiris Luna; la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos; el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara; el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta; así como el secretario jurídico, Conan Castro; y el ministro de Trabajo Rolando Castro, podrían ser sancionados por violaciones a los derechos humanos, alegó Sandoval.
Al cierre de esta nota, el gobierno no se había pronunciado sobre el caso de los funcionarios señalados este viernes por la OFAC.
Esto ha sido una constante en el gobierno, dice Sandoval, de minimizar o bajar el perfil de los funcionarios involucrados bajo una narrativa de que las sanciones son “medallas o premios”, que no les afecta, pero sí incide.
“Puede que Castro diga que no le duele, que no le causa ningún impacto, pero sí les causa, sino veamos el caso de Recinos, Osiris y de Marroquín (Carlos), son personas que pasaron de tener un perfil bastante amplio a nivel comunicacional, a verse reducido, incluso dentro del gobierno de Bukele”, enfatizó.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, instó al gobierno a tomar cartas en el asunto. Cuestiona que al no hablar del tema pareciera que al gobierno no le importara, pero insiste que no es un premio para El Salvador que existan funcionarios vinculados a corrupción.
“En un gobierno serio, democrático que combate la corrupción, estos funcionarios deberían ser retirados del cargo, al menos”, expresó Escobar.