“Por favor, reúnanse en el puerto principal”, se escucha decir a través de un altavoz que funciona para dar avisos y que sirve para anunciar la llegada de alguien externo a la comunidad de la Isla Tasajera, en el departamento de La Paz. Y ante la alerta, en cuestión de 10 a 15 minutos se reúne la mayoría de los habitantes en el lugar acordado. Llegan desde niños hasta personas de la tercera edad.
La reacción de los pobladores tiene que ver con que el 2 de diciembre recibieron la visita inesperada de agentes antimotines (UMO), personal de la Fiscalía y miembros de la familia que reclama ser dueña de un área donde hay casas.
La familia es dueña de dos hoteles de lujo ubicados en la Costa del Sol y además quiere construir en la Isla Tasajera un centro recreativo nombrado “El Cancún de El Salvador”, el cual contará con bares y hoteles, según se informó.
Por el momento esa familia ha pedido desalojar 70 hectáreas que ellos aseguran son de su propiedad, pero los lugareños comentan que tras el embargo hecho por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 385 hectáreas de la Isla Tasajera, las cuales fueron donadas luego al Estado para que los conserve como área natural protegida y se preserve a su vez la biodiversidad de flora y fauna, por lo que los lugareños expresan que esos terrenos no son propiedad privada.
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“Vinieron solo a decir este y el otro terreno es mío, no es así como se hacen las cosas. Deben venir con un mapa o algo que muestre que terrenos dicen ellos que son suyos y cuáles son habitacionales”, comentó una habitante.
María, residente en la isla, explicó que su casa fue destruida por trabajadores supuestamente contratados por la familia que reclama la propiedad, a quienes les pagaron alrededor de $10 para desmantelar las viviendas más cercanas al puerto principal. Ella comenta que con esfuerzo había logrado construir su casa para ella y su familia, pero que actualmente ha tenido que regresar al terreno de su mamá y papá, en el cual, ya viven siete familias. “Estamos amontonados, ya no cabemos”, comentó María.
Sus padres, ambos nativos del lugar, dijeron que anteriormente la situación en la isla era distinta.
Se sienten engañados por el gobierno de Bukele
Mario Quijano, de 68 años, narró que el terreno donde actualmente vive se lo heredó su abuelo y que no logra comprender por qué quieren desalojarlos si la Isla siempre ha sido un espacio para todos sus habitantes. “Si usted no tenía, el vecino lo ayudaba”, expresó.
Ellos expresan sentirse disgustados, puesto que en el año 2020 la ministra de vivienda, Michelle Sol, aseguró que ninguno de sus habitantes sería desalojado de sus viviendas y que tendrían escrituras propias. A los pocos días de ese compromiso, el presidente Bukele prometió que construiría una unidad de cuidados intensivos para los lugareños. Ninguna de esas promesas se han cumplido.
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“Pasen a la enfermería, ya los atiendo”, dicen riendo con ironía mientras caminan por el área donde se había destinado para construir la unidad de cuidados intensivos.
“No somos delincuentes”
Los pobladores se han visto desconcertados, no tanto por la noticia de la construcción de un centro recreativo en el lugar, sino por cómo los han tratado. “Nosotros no somos delincuentes para que vengan a insultarnos y tratarnos tan mal”, comentó una habitante de la isla.
Según los lugareños, ellos buscan defender su hogar de una forma pacífica. “No somos violentos, solo les decimos que por favor no nos boten los cercos y que no nos desmantelen las casas, siempre con respeto”, dicen otros habitantes.
A pesar de sus súplicas, un grupo de trabajadores comenzó a destruir los cercos que mantienen el ganado dentro de sus terrenos, desmantelar algunas casas y quemar varias hectáreas donde ellos cultivan, denunciaron los pobladores.
El fuego alcanzó alrededor de 45 árboles de Marañón, lo cual afectó directamente a la economía de los pobladores, ya que sus mayores fuentes de ingresos son la pesca, venta de mariscos y el cultivo del marañón para vender su semilla.
“Esto es algún tipo de hostigamiento para que nos vayamos”, comentó Carlos, un habitante de la isla.
Tras vencerse el plazo de los tres días dados por la familia que reclama la propiedad para que desalojaran el lugar, los lugareños se encuentran a la expectativa, ya que el 5 de diciembre por la tarde, los agentes de la UMO se retiraron del lugar con la advertencia de regresar y desalojarlos de sus viviendas.