La megacárcel que el gobierno de Nayib Bukele construye en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, es incompatible con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, señala el informe sobre violaciones a derechos humanos de las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal publicado el miércoles.
“Es un proyecto que claramente contradice estándares internacionales de condiciones para los detenidos”, expresó Juan Pappier, director asociado para las Américas de Human Right Wacht, durante la presentación del informe.
El especialista en derechos humanos expuso que Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas de Mandela, sobre el trato que se debe garantizar para las personas que están privadas de libertad, señalan claramente que el tamaño de las cárceles no debe ser tal que impida el trato individual y específico, para cada uno de los detenidos, y la cifra de referencia de 500 detenidos por cárcel.
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“Por supuesto que hay cárceles en nuestra región o el resto del mundo que va más allá de los 500 detenidos, pero una cárcel para 40,000 detenidos sería claramente inconsistente y violatoria con este principio”, enfatizó Pappier.
El 21 de julio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en Twitter que la prisión que se construye en el municipio de Tecoluca tendrá capacidad para 40,000 reclusos y que estaría terminada en 60 días.
“Hace exactamente un mes, les anunciaba la construcción del CENTRO DE CONFINAMIENTO DEL TERRORISMO. Así va su construcción, estará listo dentro de 60 días. Tendrá espacio para 40,000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”, se lee en el tuit publicado por Bukele el 21 de julio.
“Es un proyecto que claramente contradice estándares internacionales. El tamaño de las cárceles no debe ser tal, que impida el trato individual y específico, para cada uno de los detenidos”
Juan Pappier, director asociado para las Américas de Human Right WaTch
Sin embargo, fuentes de El Diario de Hoy aseguraron que la capacidad real de esa prisión será de 22,000 y un máximo de 25,000.
Si la capacidad de esa prisión fuera para 20,000 prisioneros, sólo sería equiparable con la prisión más grande de Estados Unidos, la del condado de Los Ángeles, que según consta en un reportaje de la cadena de noticias CNN, alberga entre 17,000 y 20,000 prisioneros.
Obviamente, si en Tecoluca se llegara a recluir a 40,000 reos, como lo ha dicho Bukele, se superaría con creces a la prisión de Los Ángeles, en California.
“Un complejo penitenciario diseñado para albergar a decenas de miles de personas claramente sería incompatible con este estándar internacional”, indica el informe de Human Rights Watch.
El numeral tres de la regla 89 de Mandela considera “conveniente evitar que en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento” .
“En algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no deberá pasar de 500. En los establecimientos de régimen abierto el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible”, agrega el documento de las Naciones Unidas.
Jaqueline Cruz, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), considera que estas medidas internacionales establecidas bajo normativa técnica son aplicables para cualquier Estado.
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La defensora de los derechos humanos, además, recordó que el hecho que una persona esté privada de libertad no le restringe el derecho a la integridad.
Noah Bullok, director ejecutivo de Cristosal, manifestó que la construcción de un centro penal como el de Zacatecoluca no va resolver el problema, sino va acompañada de programas de rehabilitación y prevención de violencia, inversión en salud y derechos sociales, así como, medidas reparación en las comunidades que han sido tan golpeadas por la violencia de las pandillas.
“La construcción de cárceles puede generar un falso sentido de seguridad, porque la seguridad se construye a través de políticas públicas y la justicia social”, aseguró Bullock.
Abraham Ábrego, director de litigio de Cristosal, considera que con las medidas de detenciones masivas y arbitrarias se ha generado un gran número de personas procesadas y que el sistema carcelario sea deficiente y en hacinamiento.
“En el régimen de excepción se mantiene la proyección de querer solventar el problema de criminalidad con las medidas punitivas y no cumpliendo el fin resocializador de la pena que establece la constitución”, manifestó Ábrego.
Pappier explicó agregó que el número de capturas que lleva la policía, no es por sí solo un indicador adecuado sobre el éxito de un política de seguridad; muy por el contrario, es un criterio que puede generar violaciones a derechos humanos .
“En el régimen de excepción se mantiene la proyección de querer solventar el problema de criminalidad con las medidas punitivas y no cumpliendo el fin resocializador de la pena, que establece la Constitución”
Abraham Ábrego, director de litigio de Cristosal
El especialista comparó la situación de El Salvador con la época de Álvaro Uribe, en Colombia, cuando el éxito de las Fuerzas de Seguridad se medía por el número de bajas en combate, lo que género el fenómeno conocido como “falsos positivos”, es decir, civiles inocentes que no tenían nada que ver con los grupos guerrilleros eran asesinados y presentados como combatientes muertos en combate.
“En El Salvador, hemos documentado también que las cuotas que existieron entre marzo y septiembre, dentro de la Policía Nacional Civil, dieron lugar a detenciones masivas de personas que nada tienen que ver con las pandillas y que han sufrido gravísimas violaciones a los derechos humanos” explicó Pappier.
Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas
Regla 89.
Es conveniente evitar que en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. En los establecimientos de régimen abierto el ænúmero de detenidos deberá ser lo más reducido posible.
Tras el hallazgo de claras violaciones a los tratados internacionales que ha ratificado El Salvador, Human Rights Watch hace un llamado para que los organismos internacionales pertinentes impongan sanciones a aquellos funcionarios que están involucrados en violaciones de derechos humanos entre ellos: el ministro de Seguridad, el director de la PNC, el ministro de la Defensa Nacional y el director de Centros Penales, señala en informe.