Como en cada plenaria, la Asamblea oficialista terminó aprobando este miércoles más deuda para los salvadoreños: ratificó la tramitación de dos créditos por $206 millones y el traslado de $63.3 millones al presupuesto de este año, haciendo un total de $269.3 millones.
La oposición ha cuestionado que la aprobación de más deuda millonaria y “reorientaciones” de fondos al presupuesto del presente ejercicio fiscal resta recursos destinados para un fin específico o, incluso, en ocasiones han avalado cambios en los objetivos iniciales de algunos préstamos para subsanar deficiencias del gasto nacional de 2022.Los diputados de la oposición cuestionaron ayer que esta práctica se ha vuelto común, especialmente en las últimas plenarias del presente año, incrementando el monto del presupuesto aprobado para funcionamiento de 2022, lo que implica que el gobierno “mintió” sobre el financiamiento que requería para este año y continúa haciéndolo con las proyecciones para 2023.
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“Es un presupuesto mentiroso, así como lo fue el de 2022, que durante la ejecución se ha venido reforzando ya por más de $1,000 millones, habrá que ver con cuánto termina la ejecución de 2022, que debería ser la pauta para la proyección del presupuesto de 2023”, explicó la diputada del FMLN, Anabel Belloso.
Anteriormente, la parlamentaria efemelenista, así como la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, han expresado que incrementar el presupuesto sobrepasando el monto autorizado es inconstitucional. (Ver más en nota aparte).
Ayer mismo, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, introdujo al pleno con modificación de agenda 5 piezas con peticiones para ratificar más préstamos, uno por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para caminos rurales.
Otro de $166 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para obras adicionales a la construcción del viaducto del Tramo de Los Chorros, así como una garantía soberana por $130 millones para apoyar la reactivación económica de las micro, medianas y pequeñas empresas.
Además, pidió incorporar al gasto de 2022 el presupuesto extraordinario de inversión pública por $27 millones para el programa de rehabilitación a causa de los estragos de la Tormenta Julia; y una reforma más al presupuesto del presente año para incorporar al Ministerio de Obras Públicas, $30 millones para que inicie el mejoramiento de las instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES) para los atletas que participarán de los Juegos Centroamericanos.
Estas dos últimas solicitudes fueron aprobadas con dispensa de trámite, es decir, sin estudio de las mismas en la comisión respectiva. El resto fueron enviadas a estudio.
Alto endeudamiento
Desde el 1 de mayo de 2021, Nuevas Ideas y sus partidos aliados han aprobado en emisión de títulos valores, préstamos y garantías soberanas cerca de $7,000 millones, esto sin contar las aprobaciones realizadas ayer.
Una de las más emblemáticas que la Asamblea oficialista realizó en un solo día a mediados de noviembre, fue autorizar la emisión de títulos valores por $436.2 millones para cubrir gastos no financiados en el presupuesto de 2022.
Mientras que de los empréstitos aprobados ayer que ya estaban planteados en la agenda, está uno por $100 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el “Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador”.
Según el dictamen, servirá “para mejorar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada, mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable y mejorar la gestión empresarial de ANDA”, así como la eficiencia energética en el Sistema Zona Norte, modernizando los equipos de bombeo y perforando nuevos pozos.
El programa contempla la continuidad de los servicios de agua potable con la renovación de redes de agua, así como la ampliación de macro y micro medición y la automatización y control digital de redes, con lo que se espera beneficiar a unas 450 mil familias, según el documento que fue recibido la semana pasada en la Asamblea.
Otro crédito es por $106 millones suscrito con el BID para financiar el “Programa de Apoyo a la Recuperación y Expansión del Sector Turístico en El Salvador”.
Con este se prevé mejorar la competitividad sectorial a través del aumento del gasto turístico por visitante, el incremento del empleo y la reducción de las brechas de género en el sector, así como mejorar la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos del país.
Explican que con los recursos se podrán realizar inversiones estratégicas en infraestructura pública resiliente, con especial atención en escenarios más expuestos a los embates de la crisis climática. Se estima que beneficiará a más de 960,000 personas, entre trabajadores del sector y sus familias.
“Reorientaciones” de fondos
En este punto planean incorporar $6.3 millones que vienen del presupuesto de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para gastos previos en la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Según la solicitud, CEPA cuenta con $6.3 millones programadas en su presupuesto, mismos que ahora el gobierno pide destinar para gastos previos a la construcción del Aeropuerto del Pacífico y que estaban orientados para el Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario de CEPA.
Específicamente para la Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. El dinero era para obras en la calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Comalapa.
También tenían previsto transferir $3.6 millones a la Dirección Nacional de Obras Públicas (DOM), para continuar con la ejecución del proyecto de inversión “Programa de Mejoramiento de Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)”, principalmente para la construcción del “Centro Integral de Convivencia Ciudadana, Cantón Cuyagualo, del municipio de Colón, en el departamento de La Libertad”; sin embargo, el dictamen fue retirado.