El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó al guatemalteco Manuel Eduardo Coronado Paiz a tres años de prisión por colaborar en el delito de estafa en el proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
Sin embargo la pena fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública y un pago como responsabilidad civil, debido a que el acusado se sometió a un proceso judicial abreviado, es decir, que aceptó su culpabilidad a cambio de una pena menos severa.
El delito fue cometido en el desarrollo del proyecto RHESSA, que comprendía la reconstrucción y equipamiento de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis de San Vicente, los cuales fueron dañados por los terremotos ocurridos en el 2001.
Según el proceso judicial, Coronado Paiz era representante legal de una empresa que fue subcontratada por el Ministerio de Salud para prestar los servicios de suministro de sistemas de ventilación y aire acondicionado en el Hospital San Pedro, en Usulután.
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La acusación señala que a través de estos servicios, Coronado Paiz proporcionó un crédito fiscal por más de 400 mil dólares, el cual propició el pago anticipado para otra empresa que era parte del proyecto.
Según la Fiscalía General de la República, el perjuicio económico al Ministerio de Salud, en los actos de corrupción en el proyecto RHESSA, el que participaron varias empresas, fue por más de 2.5 millones de dólares.
Por este mismo caso, fueron condenados en agosto de este año, por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, el exministro de Salud Guillermo Maza y siete personas más por delitos de corrupción. Coronado Paiz fue separado del proceso, porque se encontraba mal de salud.
Los imputados confesaron los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica a cambio de recibir una pena menor y acordaron devolver cantidades de dinero proporcionales a lo defraudado por cada uno en el proyecto RHESSA.
En cuanto a la responsabilidad civil, Maza se comprometió a devolver $100,000, mientras que los otros que se sometieron al proceso abreviado deberían devolver entre $5,000 a $15,000.
Los ilícitos fueron cometidos durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, entre los años 2004 a 2009.