Es absurdo hacer preguntas sobre la propuesta de reforma de pensiones, cuando hasta el momento no se sabe qué sectores fueron consultados para su elaboración. Algunos sindicatos aseguran no haber participado, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que “no se cocinó en ANEP” no hubo participación de ASAFONDOS ni representantes de las AFP que custodian gran cantidad de fondos de los ahorrantes. ¿Quiénes elaboraron la tan esperada reforma, que todavía se mantiene en secreto?
Para que Bukele cumpla que “ningún gobierno va a meter mano en los fondos de los ahorrantes” deberá derogarse la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que obliga a las AFP a comprar al gobierno los Certificados de Inversión Previsional, para poder pagar las pensiones del sistema manejado por el Estado que estaba en quiebra. Aunque según el ministro Zelaya el actual gobierno no ha usado los fondos de los trabajadores, datos oficiales señalan que ha emitido más de $2,000 millones en CIP para financiar el pago de las pensiones de los jubilados actuales del ISSS y el INPEP.
Según la diputada de NI, Elisa Rosales, “se vendió que el Estado no era capaz de administrar (las pensiones) de manera adecuada. Pero nos dimos cuenta que solo fue eficiente para las empresas”. ¿Será que ella no entiende que los CIP fueron creados porque el estado quebró el sistema de reparto? ¿Y que las AFP han beneficiado a miles de ahorrantes, que tenemos cuentas individuales, y no para las empresas? Tremendo saber que esta señora es la relatora de la comisión que estudia la ley de reforma de pensiones.
Debe saber que la fecha, los trabajadores hemos perdido más de $3,800 millones solo en intereses dejados de percibir por la baja rentabilidad de nuestras pensiones, por la obligación de prestarle dinero al gobierno. Y muy preocupante la afirmación del Ministro Zelaya de que solo quedan $2,000 millones en el fondo de los trabajadores en las AFP, porque unos $10,000 han sido utilizados para el pago de $400 millones anuales para cubrir las pensiones de los 100,000 jubilados del INPEP y el ISSS, una deuda que el gobierno tiene obligación de honrar.
Según el Ministro de Trabajo, hubo presiones internas y “hasta internacionales” para que se considerara un aumento en la edad de jubilación o en los años trabajados por los empleados, pues la esperanza de vida en el país ha aumentado respecto al año en que se redactó la ley. Tema que no se tomó en cuenta por razones electorales, pues se ha satanizado el aumento de la edad de jubilación, como perjudicial para los trabajadores, que nuestro pueblo, ignorante de sus verdaderos derechos, ha considerado un engaño. Los sindicatos que exigen la cancelación de las AFP, considerándolas grupos que se enriquecen con el dinero de los trabajadores, olvidan que si el gobierno no usara del dinero de los ahorrantes y permitiera que estos fondos se colocaran en instrumentos que generaran mayores rendimientos, todas las pensiones aumentarían sustancialmente.
Los miembros de la comisión ad-hoc que estudiará la propuesta de reforma no generan mucha confianza, pues la mayoría son diputados NI que en su desempeño legislativo no han demostrado la capacidad que se espera de quienes tienen la obligación de legislar, y por eso se limitan a aprobar en tiempo récord, leyes que ni siquiera han leído, y cuando emiten opiniones, hacen gala de su ignorancia, demostrando únicamente odio y resentimiento por quienes no piensan como ellos. Lamentable que diputados de la talla de Claudia Ortiz y Johnny Wright Sol hayan sido excluidos. ¿Será porque temen escuchar opiniones sensatas, sin compromisos con ideologías partidarias?
Maestra.