Shakira arremetió contra la Hacienda española por estar "utilizándola" con fines ejemplarizantes, hasta el punto de "vulnerar" su derecho a la intimidad mientras la investigaba por presunto fraude fiscal, y mantiene que desde 2011 ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo.
Así consta en el escrito de defensa que los abogados de la cantante presentó ante un juzgado de la localidad española de Esplugues de Llobregat, que la ha enviado a juicio por seis delitos contra la Hacienda pública acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
En el escrito, los abogados de Isabel Mebarak, Shakira, defendida ahora por el bufete Molins de Barcelona, reprochan a Hacienda haber montado una "campaña mediática" con el único objetivo de "forzar" a la cantante para que "a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones".
Para la defensa, la Agencia Tributaria española ha actuado con "afán recaudatorio" y con "fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles", recurriendo a "medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada" con el fin de demostrar que residió en España más de 183 días al año y estaba obligada a tributar.
La intérprete no pasaba en España la mayor parte del año, según sus abogados, pues fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona.
La artista, añade el escrito, "ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional", sin una sola sanción, además de que "ejerce una extensa labor filantrópica" a través de la Fundación Pies Descalzos y América Latina en Acción Solidaria.
Y desde 2011, precisa, "ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros (...), de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española".
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La Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, después de que la cantante rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada, argumentando que confía en su inocencia tras haber pagado unos 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria y otros 3 de intereses.
Pero como ninguna de las penas que le solicita supera los dos años de cárcel y la cantante carece de antecedentes, por lo que en caso de condena podría evitar su ingreso en prisión si lo acuerda el tribunal.
La Fiscalía sostiene que la cantante vivía en España de manera habitual entre 2012 y 2014, primero en Barcelona y después en Esplugues de Llobregat, una localidad vecina a esa ciudad, con su entonces pareja, el futbolista español ahora retirado Gerard Piqué.
Por ello, mantiene que tenía la obligación de tributar en España por la totalidad de su renta con independencia de que en parte la hubiera obtenido en otros países y la acusa de utilizar un entramado de empresas con sede en algún paraíso fiscal y en naciones como Malta o Panamá para ocultar su renta.
Los abogados de la cantante defienden, entre otros argumentos, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de su renta se realizaba a través de una sociedad maltesa que cumple con todos los requisitos legales.