El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, llamó “inventos” a las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
Al ser consultado sobre las violaciones de derechos humanos expuestas durante la audiencia del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas realizada en Ginebra la semana pasada, Monroy dijo que como institución (Fuerza Armada) están sometidos a cualquier auditoría y tienen el respaldo de realizar la planificación relacionada con derechos humanos con el aval de la Cruz Roja Internacional.
Según el funcionario, esta institución humanitaria les ayudó a elaborar una cartilla de actuación que porta cada soldado, la cual les da los lineamientos de todo lo que ellos pueden hacer cuando apoyan a la Policía en tareas de seguridad.
“Nosotros hemos sido respetuosos de los derechos humanos”, respondió.
Cuando el entrevistador le insistió con un caso concreto de una denuncia realizada por una supuesta agresión cometida en Nahuizalco, el ministro volvió a decir que “el soldado tiene por escrito una cartilla, donde está todos los procedimientos que él debe de seguir cuando están apoyando las funciones de la policía, de seguridad pública y ese es su parámetro de actuación”.
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Agregó que han habido ocasiones en las que incluso hubo “demasiada confianza” de parte del soldado. Como ejemplo, recordó el asesinato de un soldado en Laguna Seca, Chalatenango, en la que supuestamente el militar no usó su arma y los pandilleros le dispararon.
“Creo que eso da respuestas a las preguntas, a esos “inventos” que hace la gente (...) a un soldado siempre se le ha enseñado el respeto, damos derechos humanos en todos los niveles de educación superior, educación media y en los adiestramientos”, expresó.
Las palabras del ministro Monroy contrastan con las denuncias recibidas por organizaciones de la sociedad civil.
Cristosal señala en su cuarto informe situacional de violaciones de derechos humanos que “se ha establecido que en el procedimiento de captura, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, incurren en graves violaciones a la integridad física, psicológica y hasta sexual de las personas detenidas y, en algunos casos, de familiares de estos”.
El mismo informe señala que ambas instituciones junto a la Dirección de Centros Penales, durante la captura y la detención de personas sometidas al régimen de excepción han infligido, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, causando lesiones graves que en algunos casos han resultado en la muerte de las personas detenidas.
En un informe realizado tras seis meses de régimen de excepción, siete organizaciones sociales contabilizaron 4,071 denuncias sobre abuso de poder cometidos por agentes del Estado, la mayoría son casos de detenciones arbitrarias.