La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos a favor la octava prórroga del régimen de excepción, la principal política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
Según el oficialismo la ampliación del estado de excepción sirve para continuar la “guerra contra las pandillas”. Esto a pesar de que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado miles de violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, tratos crueles y hasta tortura a los detenidos.
Por ejemplo, la organización Cristosal, registra 2,938 casos de denuncias y 3,107 personas vulneradas en sus derechos, desde el 27 de marzo al 14 de noviembre de este año.
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Pese a ello, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas entregaron tal solicitud durante la sesión plenaria de este martes. Contrario a las prórrogas anteriores, ayer no participó del evento el Ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El ministro de Seguridad aseguró que a la fecha hay 57,568 personas detenidas por el estado de excepción y que de estos, 843 son cabecillas, 644 de la MS-13 y 199 del Barrio 18. Además, el funcionario detalló que han decomisado 1,862 armas; 2,276 vehículos; 13,556 teléfonos y $1,439,000 en efectivo.
Villatoro dijo ayer en una entrevista televisiva que cuando se implementó el régimen de excepción “nosotros teníamos registro de 76,600 pandilleros, quiere decir que a esa cifra le hace falta alrededor de 20,000”.
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El funcionario se refirió a los organismos internacionales que reclaman violaciones a derechos humanos en El Salvador y dijo: “está claro que velan por los derechos humanos de los criminales, y no de los millones salvadoreños”.
Críticas de la oposición
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que votaría en contra de la prórroga al régimen pues considera “que ya no es de excepción”, sino que se ha vuelto la regla en El Salvador.
“Estamos como en los tiempos de la guerra donde esta misma Asamblea Legislativa, en los años ochenta tenía que renovar mes con mes el régimen de excepción. En este momento tenemos que estar trabajando por construir el Estado de derecho, justicia y que haya debido proceso y eso es lo que no se está viendo y por eso hemos hablado en contra de esa decisión”.
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS
Añadió: “Si se ha prevenido la violencia, que bueno, eso es lo importante. Pero no a costa de la gente inocente”. Esto por las denuncias de inocentes capturados.
A juicio de la parlamentaria de Vamos, cada prórroga confirma que sin dicha medida el oficialismo no puede combatir la delincuencia con las herramientas normales. Además criticó que a la mayoría de capturados se les acusa de asociaciones ilícitas, lo que demostraría que no están investigando homicidios u otros hechos violentos.
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El legislador de GANA, Numan Salgado, justificó la medida y dijo que “aún no se ha logrado la meta” de detener a 70,000 pandilleros. En el mismo sentido opinó William Soriano, de Nuevas Ideas, quien opinó que El Salvador “es completamente diferente” en el ámbito de seguridad debido al régimen.
No obstante, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, expresó rechazo a la medida excepcional “porque ha causado zozobra, dolor y luto en familias salvadoreñas”.