Karla G. fue sentenciada a pasar dos años en internamiento luego de que el Juzgado de Menores de Sonsonate la encontrara responsable del delito de agrupaciones ilícitas, esto es, pertenecer a grupos de pandillas, según informan diversas organizaciones sociales que están involucradas en el caso.
La audiencia judicial se realizó el viernes en el referido juzgado, al final de la cual, la jueza decidió darle crédito a la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), apuntalada en la declaración de los agentes captores de Karla G.
La menor de edad fue arrestada el pasado 16 de junio en una zona rural del departamento de Sonsonate por un grupo de soldados cuando se encontraba en una parada de buses, según ha relatado su madre. Al momento de su detención, Karla G. tenía 16 años y estaba embarazada.
De acuerdo con el testimonio de la madre y retomado por organizaciones de derechos humanos que luchan porque personas arrestadas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción sean liberadas, Karla G. fue golpeada por los militares y, como consecuencia de ello, perdió a su bebé.
VER: "Espero que comprendan mi dolor y me dejen ver a mi hija", madre de Karla G.
De acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, la jueza basó su resolución en una resolución de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que basta la declaración de un policía para determinar que una persona es miembro de una pandilla.
Activistas de derechos humanos vinculados a las organizaciones que luchan por la liberación de Karla G. no descartan la posibilidad de recurrir a instancias internacionales de justicia, debido a que consideran que las resoluciones de algunos jueces responden a la política represiva del gobierno de Nayib Bukele.
Sobre el caso, la diputada de la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas, Suecy Callejas, afirmó que Karla G. tenía vínculos con pandillas, algo que la madre ha negado rotundamente.
Para Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, la jueza de menores que dictó la resolución contra Karla G., lo hizo de manera política, sin tomar en cuenta las pruebas de descargo que presentó la defensa de la menor.
“La resolución de la jueza del juzgado de menores que falló en el caso Karla G. lo hizo de una manera política, obviando completamente las pruebas claras de la defensa frente a únicamente la declaración de los "captores", los policías (entre comillas porque los captores fueron la FAES)”, detalló Escobar.
Según Escobar, la jueza determinó que existía un elemento suficiente, como es la declaración de los testigos captores, basada en una resolución de la Sala de lo Penal que dice que es suficiente la declaración de un policía para determinar la vinculación con una pandilla.
Según la representante del Socorro Jurídico Humanitario, en el caso hay algo más grave, como el hecho de que la diputada Callejas afirmara en el canal de Televisión Legislativa que Karla era pandillera.
Escobar también aseguró que el presidente Bukele, el día que fue elegida la titular de la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), también se refirió al caso de Karla. “Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, antes de que Karla fuera vencida en juicio, ya la habían juzgado. Evidentemente, la jueza no iba a contradecir al Presidente, promotor del régimen de excepción, ni a la diputada Callejas”, detalló.
El Socorro Jurídico Humanitario ha recibido en dos meses 2,250 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante el régimen de excepción.