La noticia de que las alcaldías serían autosostenibles parecía una luz de esperanza para la lipidia en que se han encontrado desde la disminución del FODES del 10 al 1.5%. Aunque pronto se supo que la manera que la Asamblea ha encontrado para mejorar la severa crisis económica que atraviesan las municipalidades es mediante una reforma que les permita aumentar los impuestos y tasas, especialmente a aquellas empresas cuyas sucursales en los municipios no pagan impuestos, siendo gravadas únicamente sus casas matrices.
Aunque hay poca información sobre el número de municipios en el país donde existe una empresa fuerte, fábricas, tiendas o comercios dedicados a distintos giros, no parece que sea un número muy grande. Tal vez en las cabeceras departamentales pueda ocurrir, pero no en la mayoría de los 262 municipios cuyos ingresos en concepto de impuestos no alcanzan ni para el pago de salarios de sus empleados.
Hay que excluir aquellos municipios que son absolutamente solventes, como la ciudad capital, Antiguo Cuscatlán que cuenta con los mejores centros comerciales y zonas industriales, y Santa Tecla cuyo alcalde presume de haber becado a 200 tecleños para estudios universitarios y la apertura de un instituto de idiomas para demostrar que puede sobrevivir sin FODES. La iniciativa gubernamental de apoyar a municipios con altos niveles de pobreza con un presupuesto de $50 millones, fue una curita que no alivió ni una pequeña parte de las necesidades más acuciantes.
Las alcaldías en municipios pequeños reciben cantidades mínimas en impuestos y tasas, siendo lo más frecuente el cobro por partidas de nacimiento y de defunción. Pero los campesinos, agricultores y obreros que como único ingreso tienen lo poco que pueden cobrar, no pueden pagar ningún impuesto. Las pequeñas tiendas especializadas en churros y charamuscas, con mínimos ingresos y a la espera de que les paguen lo “fiado” porque muchos de sus clientes no pueden pagar de inmediato por los productos adquiridos.
Estas alcaldías han abandonado los programas de ayuda social, como la compra de ataúdes para las familias a las que no les alcanza para comprarlo y el pago del puesto en el cementerio local. Desaparecen los programas de becas para que los cipotes más vivos, tengan oportunidad de optar a educación más avanzada. Imposible la reparación de caminos rurales después del invierno, y menos el pago de energía eléctrica, donde tienen la suerte de tener este servicio. Se suspende la recolección de basura porque no hay fondos para reparar el único camión disponible, y donde hay unidad de salud, tampoco hay para gasolina para la ambulancia o para las lanchas que transportan a los habitantes de las islas en el Golfo de Fonseca.
Y como es costumbre de los legisladores de NI, no se sabe si la ley que multa por botar basura en cantidades de dos libras, también aplica a municipios pequeños, ya que no se especifica cuál será la manera de determinar si lo tirado en lugares públicos es mayor o menor a las dos libras que establece la ley. ¿Habrá que tener una báscula para medir la cantidad de basura sujeta a multa? Muchos alcaldes de partidos de la oposición, han optado por renunciar a los institutos políticos que los eligieron, en un intento de congraciarse con el oficialismo y lograr ser beneficiados con algún proyecto de la DOM, que ha demostrado su total incapacidad y no apoya ni a los alcaldes cyan, los cuales deben mantenerse callados para lograr complacer al bukelismo. La única manera de ayudar a las alcaldías es devolviéndoles el FODES al que constitucionalmente tienen derecho y no engañarlos con que mediante una ley, serán autosostenibles. ¡Pobres los salvadoreños de los municipios más pobres!
Maestra.