La audiencia preliminar programada para este lunes siete de noviembre contra el empresario de transporte Catalino Miranda fue suspendida por segunda ocasión debido a que el imputado no fue llevado al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador.
El abogado defensor de Miranda explicó que la diligencia judicial se canceló debido a que la Fiscalía General de la República presentó un incidente procesal debido a la no comparecencia del imputado.
Una fuente allegada al caso confirmó a este medio que el empresario sigue mal de salud y está hospitalizado por esa razón no fue trasladado a la audiencia como estaba establecido.
Según informó hace dos semanas Diario El Mundo, el empresario fue intervenido quirúrgicamente el día 30 de agosto del 2022. “Según las conclusiones médicas realizadas por el Instituto de Medicina Legal. Miranda fue operado de una fístula y de un lipoma en la columna, el mismo día”, explicaba la publicación.
El empresario del transporte colectivo es procesado judicialmente por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y ventas a precio superior.
El caso
Miranda fue capturado el 12 de marzo de 2022 y la Policía informó que la detención era por el cobro ilegal del pasaje y por obstruir la vía pública. Sin embargo, un día después la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter que Miranda sería acusado por el delito de resistencia.
Esto contrasta con los videos que circularon en redes sociales sobre la captura de Miranda, en los cuales se le observa sin esposar y subiendo por su propia cuenta a una patrulla policial.
La detención del transportista fue realizada solo horas después de que el presidente Nayib Bukele enviará con algunos de sus funcionarios a la Asamblea Legislativa cinco iniciativas como parte de las 11 medidas económicas paliativas.
Esa misma noche el ministro de Obras Públicas informó sobre la suspensión del subsidio y de la concesión de línea de transporte a 293 unidades de la ruta 42 propiedad de Miranda.
Al día siguiente de la captura, elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) tomaron el control de las unidades de las rutas 42 y 152, las cuales fueron decomisadas a la cooperativa ACOSTES de RL, sociedad administrada por el empresario Catalino Miranda.
Dos días después del decomiso de los microbuses, las autoridades decomisaron $161,000 de la caja fuerte y $25,000 de caja chica, producto de la actividad del servicio de transporte.
El dinero fue incautado en allanamientos que hicieran las autoridades policiales y fiscales a las oficinas de las rutas 42 y 152, cuyos microbuses y autobuses fueron tomados por el gobierno sin respaldo legal, según denunciaron en ese momento los defensores de Miranda.
El 21 de marzo, la Fiscalía General de la República presentó una segunda acusación contra Miranda en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador por el delito de ventas a precio superior, relacionado con el incremento al pasaje el 11 de marzo pasado.
Según Fiscalía, la investigación surgió luego de las denuncias ciudadanas que realizaban usuarios del transporte público, específicamente de las rutas 42 y 152, quienes usaban los medios habilitados por el Viceministerio de Transporte para denunciar cobros indebidos.
El 1 de junio, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador rechazó otorgar medidas sustitutivas a la detención, de carácter humanitario, a Miranda. Dos meses después fue intervenido quirúrgicamente en hospital privado, según informó Diario El Mundo.
El 27 de septiembre la Fiscalía General de la República allanó las oficinas y propiedades del empresario, donde decomisaron documentación contable y financiera relacionada a varias sociedades de transporte.
“Es precisamente el motivo de estos registros determinar de qué manera el señor Catalino Miranda, por medio de sus sociedades, ha realizado acciones de lavado de dinero y activos”, dijo el fiscal del caso, en el video publicado en Twitter.