Las recientes reformas aprobadas por la Asamblea a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones van en dirección a crear en El Salvador un “Estado policial”, para tener “mayor control de la ciudadanía”, afirmó el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en entrevista con la Radio de esa universidad.
“En un Estado policial son los cuerpos de seguridad los que tienen el poder de controlar a los ciudadanos, con un gran despliegue de mecanismos de vigilancia. Todo en nuestro país va apuntando hacia la constitución de un Estado Policial”, aseveró Oliva.
Añadió que todas las acciones que ha ido ejecutando el gobierno van mostrando que se está diseñando un aparato de control sobre la población cada vez más fuerte.
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Esta situación, según dijo, puede ayudar a la seguridad de la ciudadanía pero también limitar las libertades de la población.
Al respecto, el ex relator de Libertad de Expresión, Serafín Valencia, explicó a El Diario de Hoy que 2022 se ha caracterizado por consolidar todas las herramientas legales para poder llevar a los tribunales y encarcelar a periodistas que son incómodos al gobierno.
Oliva también se refirió a las enmiendas para crear “jueces de garantía” que estarán las 24 horas del día y los 7 días de la semana al servicio del Director del Centro de Escuchas para dar luz verde a las peticiones que haga la Fiscalía y el propio director del Centro de Escuchas para interceptar las telecomunicaciones de cualquier persona en tan solo 4 horas.
“El problema es que estamos ante un sistema judicial que ha perdido la poca independencia que tenía y que es un sistema judicial que está al servicio del Ejecutivo y por tanto es muy probable que se busquen a jueces que no tengan mayores dificultades para ir aprobando todas las solicitudes que le lleguen sobre peticiones de intervenciones en las telecomunicaciones”, cuestionó Oliva.
Ante esto, urgió de contar con una Ley de Protección de Datos Personales, para garantizar la confidencialidad de las personas, sin embargo, la anterior legislatura ya había aprobado una normativa en ese sentido, pero el presidente Nayib Bukele la vetó.