La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció la suspensión de visas a más de 500 nicaragüenses, funcionarios del régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La restricción de las más de 500 visas está enmarcada con la Proclama Presidencial 10309; con tal medida queda suspendido el ingreso a los Estados Unidos, con carácter de inmigrantes y no migrantes, de miembros del gobierno nicaragüense y otras personas que formulan, implementan políticas o acciones que socavan la institucionalidad democrática o que obstaculizan el regreso de la democracia en Nicaragua.
“En el día de hoy, anunciamos medidas orientadas a imponer restricciones a visas a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares. Estamos actuando de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos con carácter de inmigrantes y no inmigrantes de miembros del Gobierno de Nicaragua y otras personas que formulan e implementan políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas en Nicaragua u obstaculizan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, o que se benefician con tales acciones o políticas”, reza el comunicado. La medida es efectiva desde el pasado 24 de octubre.
Entre los funcionarios a quienes se les restringe el ingreso a Estados Unidos se incluye a miembros de los servicios de seguridad nicaragüense, funcionarios del sistema penitenciario, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que posibilitan la corrupción y la represión por parte del régimen Ortega-Murillo.
La medida restrictiva también incluye a los familiares de todos esos funcionarios. “Ningún miembro del gobierno nicaragüense ni otras personas que faciliten los abusos del régimen de Ortega-Murillo deben creer que pueden viajar libremente a Estados Unidos”, señala el comunicado.
“Estados Unidos, junto a aliados y socios, cree que es esencial que se restablezca la democracia y se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Nos proponemos emplear las herramientas diplomáticas y económicas de las que disponemos para promover que el régimen de Ortega-Murillo rinda cuentas, además de reiterar nuestro reclamo de que se libere de manera inmediata e incondicional a los presos políticos y exhortar a que se reconstituya el espacio cívico para el pueblo de Nicaragua”.
Las restricciones a las visas de los más de 500 nicaragüenses es parte de un paquete de sanciones de las cuales se informó la semana pasada, que incluyen la aplicación de medidas restrictivas al negocio de la industria del oro nicaragüense, basada en una enmienda a la Orden Ejecutiva 13851 sobre Nicaragua que amplía las facultades de sanción. Según el comunicado, “Estas nuevas facultades contribuirán a nuestros esfuerzos para que el régimen de Ortega-Murillo responda por sus actos”.
“Los gobiernos que niegan derechos fundamentales de su población o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deberían pretender que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas”, detalla la publicación.