Por Sobre el caso de cuatro personas detenidas esta semana, por un video a raíz de un hecho que se viralizó hace unos días, en el que consta que fue vapuleado otro joven en una “zona alegre” de San Salvador, y las respuestas que se han producido en las distintas redes sociales, quiero reaccionar y comentar sobre siete situaciones:
La primera, como bien indicó el Dr. Ricardo Gallardo, prestigioso constitucionalista con el que se nombró la biblioteca de la CSJ, en su ensayo: “Si con acusar bastara, nadie sería inocente” (es decir, todos seríamos culpables), hay que tener presente las garantías constitucionales (y los derechos humanos) de toda persona acusada.
La policía y cuentas afines al régimen, han publicado la exhibición de las personas detenidas (lo que afecta su dignidad y sus garantías de presunción de inocencia y juicio previo, además, el derecho a no ser sometidos a penas infamantes, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes) y se les atribuye la participación en un hecho, pero asumiendo que ya son culpables cuando el proceso judicial aún no ha iniciado.
Al órgano judicial le corresponde con exclusividad la potestad de imponer penas. Ni al ejecutivo, ni al Legislativo, ni al ejército, ni a la policía, les corresponde imponer penas, es una atribución y competencia exclusiva (y por tanto, excluyente) del judicial.
Segundo, las imágenes de video no son suficientemente claras para individualizarlos a simple vista, por lo que la labor de investigación e individualización realizada por la policía debe cumplir con los requisitos de legalidad en la obtención e incorporación de la prueba, y luego valorar su eficacia probatoria (si es confiable, corroborable y no se impugna con otros medios de prueba). Eso es parte del proceso. Además, la etapa de investigación está sujeta a reserva, ni debería publicitarse, ni hacer un juicio paralelo, y menos un show mediático, pues ello no es compatible con el debido proceso.
Tercero, los cargos que se les atribuyen, vinculados a su participación en ese hecho, hay que verlos en todo su contexto; y además, la atribución de su pertenencia a una estructura delictiva es una acusación seria y grave, que deberá probarse si es verdad, o no; caso contrario, podría tratarse solo una acusación temeraria, lo que es grave porque su imagen, honor, dignidad, buena fama, ya fueron mancillados, y difícilmente quienes lo hicieron, se harán responsables de enmendar tal daño, en caso de resultar inocentes.
Cuarto, el linchamiento mediático derivado de la exhibición pública y presentarlos como culpables, en violación a los estándares internacionales del debido proceso. Vieja práctica que debe eliminarse.
Quinto, la violencia contra la mujer, por la labor que realiza para afrontar el reto de la subsistencia; toda esa violencia está prohibida por la LEIV, y los convenios de la CEDAW y Belem do Pará. Situación que es impertinente a efectos del hecho acusado y que es un juzgamiento moral en una sociedad de doble moral. Es parte de su libertad garantizada por la Constitución, en realizarse como la persona que quiere ser y buscar los medios para su realización.
Sexto, hay que entender que vivimos en una sociedad posmoderna (Z. Baumann) en el que los valores y principios, antes graníticos, hoy son líquidos, relativos, descartables y reemplazables; del hommo videns (G. Sartori) en el que la gente ya no lee y se informa de lo que ve, ya sea en TV, reels, tik toks, en la distintas redes sociales (videos cortos porque si es largo se pierde la atención); de la sociedad del espectáculo (G. Debord), donde lo trivial se vuelve importante y lo realmente relevante, se vuelve trivial; utilizándose estos hechos noticiosos, como “cortinas de humo” ante otros problemas más graves; y vivimos además en la época de la posverdad: basta con repetir un enunciado muchas veces para que la gente se lo crea, sea verdadero o falso, táctica de propaganda usada por Goebbels, ministro de propaganda de Hitler y su régimen Nazi. No importa la verdad como correspondencia (K. Popper) en el que un enunciado refleja la realidad; no importa ni siquiera la veracidad que se exige a los medios de comunicación. Basta repetir una mentira muchas veces y en distintos medios, para que la gente lo asuma como verdad.
Y por último, hay que estar alerta porque el manejo mediático que se da a este tipo de hechos noticiosos en el que se exaltan los méritos del actual gobierno, hay que interpretarlos en el contexto de la campaña de la inconstitucional pretensión de reelección del actual mandatario: Así que ese manejo mediático no es inocente, sino que es parte de la manipulación de sentimientos y emociones de la gente, es una táctica retórica que busca la persuasión o adhesión del público, para lograr más votantes en la próxima justa electoral.
Juez y profesor universitario