En El Salvador hay distintas comunidades que están en vilo por la amenaza ambiental y riesgo de contaminación que representan proyectos de minería nuevos, de represas hidroeléctricas y la falta de acción del gobierno en los cierres técnicos y procesos de remediación, contemplados en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en 15 minas de la zona oriental del país que están en abandono.
La pasividad del Ejecutivo es tal, según organizaciones ambientalistas, que en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2023 no se destinaron fondos para cerrar minas que fueron clausuradas desde 2017 por el grado de contaminación ambiental que ocasionaron.
Ante eso recriminan que ahora el partido del oficialismo sí esté pensando en encarcelar a los ciudadanos por botar 2 libras o más de basura en las calles, cuando calla ante las graves amenazas que rodean a comunidades de todo el país, incluidas actividades que dañan el medio ambiente como la tala ilegal de árboles, la contaminación de los ríos y la gestión inapropiada de rellenos sanitarios que llevan años sin ser reguladas, a pesar de las denuncias que han hecho.
“En Asunción Mita, Guatemala, a 14 kilómetros de nuestra frontera, está la nueva Mina Cerro Blanco, que podría contaminar hasta el 42% del agua potable de San Salvador con cianuro, y ni el presidente (Nayib Bukele) ni los diputados (de Nuevas Ideas) dicen nada. Pero sí metan a la gente presa por 2 libras de basura”, aseveró el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, en su cuenta de Twitter.
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La iniciativa de imponer cárcel de 1 a 3 años a los ciudadanos que lancen a la calle más de 2 libras de basura fue acordada el pasado 25 de octubre de 2022 por los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea; sin embargo, en la plenaria del 26 de octubre no entró a discusión del pleno para ser aprobada.
Los diputados de esa comisión se reunieron este 28 de octubre para iniciar el estudio de otra propuesta de reforma a la Ley de Medio Ambiente presentada por Nuevas Ideas, para imponer multa de 20 dólares a quienes tiren menos de 2 libras de desechos al aire libre, pero el análisis quedó abierto.
Del otro dictamen que busca penalizar que se lance basura, cuyo volumen sea superior a 2 libras, ya no volvieron a decir nada. Ni el documento ha sido público. .
Luis González, director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), manifestó que no es metiendo presas a las personas como se resolverá el problema ambiental en el país.
Señaló que es urgente una gestión integral de residuos y que se generen políticas públicas encaminadas a reducir, reparar, reutilizar, reciclar y no simplemente a sancionar.
Al respecto, en la legislatura pasada había una iniciativa en ese sentido propuesta por el FMLN, pero fue enviada al archivo por los diputados del oficialismo.
En septiembre pasado el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) también llevó a la Asamblea un proyecto de ley para reducir gradualmente el plástico de un solo uso, pero las puertas de la Asamblea les fueron cerradas de tajo y el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, no los quiso recibir, según denunció Ricardo Navarro, presidente de esa organización.
Ante eso, la petición fue recibida por diputadas del FMLN en las afueras del edificio legislativo para darle iniciativa de ley en la Asamblea. Sin embargo, la bancada oficialista ya adelantó que no darán trámite a ninguna propuesta que surja o sea respaldada por la oposición política.
El acecho de las minas
Más allá de penalizar a un ciudadano porque bote basura en la calle, con todas las implicaciones que eso podría acarrear por la discrecionalidad en su aplicación, pues puede llegar hasta ser “desproporcional”, según cuestionan diputados de partidos opositores, El Salvador se enfrenta a otros riesgos inminentes que atentan en contra del medio ambiente en los que el gobierno calla o incumple con los compromisos adquiridos, incluso ante instancias internacionales, explicó González, de la UNES.
“Hay otros temas que deberían dársele igual o más importancia, como la problemática del acceso al agua, la crisis alimentaria, la pérdida de biodiversidad, el impacto del cambio climático, una gran cantidad de temas de igual o superior importancia que en El Salvador no se están atendiendo”, lamentó.
En este aspecto, la Mesa Nacional Frente a la Minería, señaló este 28 de octubre que el gobierno ha incumplido con los cierres técnicos y los procesos de remediación contemplados en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
En esta normativa se contempla el abordaje de los 15 pasivos mineros ambientales o minas que han quedado en abandono tras haber sido cerradas por el alto grado de contaminación que generaban en la zona oriental del país.
Pero reclaman que el gobierno no ha considerado en el presupuesto de 2023 las líneas de gasto para los Ministerios de Economía y de Medio Ambiente para que lleven a cabo acciones para la reconversión de la minería artesanal pendientes desde hace cinco años.
Expresan que estas minas de la región oriental del país no son las únicas, también existen otras en abandono que impactarán negativamente en importantes cuencas hidrográficas poniendo en riesgo el derecho humano al agua de las familias.
Investigaciones que ha realizado la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica determinaron que existe alta probabilidad de que seis minas más en abandono generen drenaje ácido y contaminen la cuenca del Río Grande de San Miguel y el río Goascorán.
Esto sin dejar de lado otra amenaza: la mina Cerro Blanco de Guatemala, ubicada en Asunción Mita, cerca de la frontera salvadoreña, que pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para más de 1.5 millones de salvadoreños que se abastecen del río Lempa.
En octubre de 2021, Miguel Araujo, presidente de la fundación Salvanatura, informó a El Diario de Hoy que esta mina estaría contaminando los afluentes con grandes cantidades de arsénico y mercurio que se extenderían hacia la Planta Potabilizadora de Las Pavas, en San Pablo Tacachico, de La Libertad.
“Es algo que está a la vuelta de la esquina y como mínimo debería de gestionarse una medida preventiva”, advirtió Araujo en ese entonces.