Mediante una reforma a la Ley de Intervenciones a las Telecomunicaciones ya no será solo el fiscal general de la República el que podrá solicitar a un juez la intervención de la telefonía, ahora lo hará también el director del Centro de Escuchas Telefónicas, para lo cual se crea la figura de “jueces de garantía”, para que el proceso sea expedito.
Diputados de VAMOS, Nuestro Tiempo, ARENA y el FMLN, advierten que la Fiscalía tendrá más facultades que pueden incurrir en más vulneraciones a los salvadoreños.
#EnVivo | Sesión Plenaria N° 80 ✍#EnVivo | Sesión Plenaria N° 80 ✍
Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Tuesday, November 1, 2022
La misión de estos nuevos jueces será la de avalar o no de forma directa y con estadía permanente en el Centro de Escuchas, las intervenciones telefónicas que solicite el fiscal general de la República y el mismo director de Escuchas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), tendrá menos participación en posibles casos de violaciones a la intimidad y daños personales a raíz de la intervención telefónica.
LEA ADEMÁS: Reformas amplían poderes de Fiscalía sobre las escuchas telefónicas
Para esto se modificó el artículo 33 para establecer que la PDDH podrá realizar auditorías específicas en procedimientos judicializados solo cuando mediare denuncia sobre la violación del derecho a la intimidad o secreto de las telecomunicaciones.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, mencionó que en el contexto en que está El Salvador, de un régimen de excepción que ha suspendido la no intervención de las comunicaciones de la ciudadanía y que a través de estas reformas se le quiere quitar candados que tiene la Fiscalía para las escuchas telefónicas, específicamente de brindar un informe a un juez al terminar el proceso de escuchas, no es conveniente.
Asimismo, la poca participación de la PDDH, que aunque no exista en esa institución un titular “independiente” es importante su mediación, señaló Ortiz.
“Quitar candados y dar más poder en el contexto en que nos encontramos no es conveniente ni para combatir el crimen organizado ni para fortalecer la institucionalidad del Estado, que es necesario que sea fuerte e independiente para combatir el crimen ahora, antes y en el futuro también”, apuntó la diputada de VAMOS.
La diputada del FMLN, Marleni Funes, coincide con la visión que tiene la diputada Ortiz, de que dadas las circunstancias en que se encuentra El Salvador, las modificaciones planteadas son un peligro para la seguridad y la intimidad de los datos personales de la población.
“Serán jueces para persecución de las personas”, afirmó Funes sobre la figura de los jueces de “garantía” que detalla la propuesta de reforma que Nuevas Ideas se alista a aprobar este 1 de noviembre.
En el proyecto de ley que se prevé aprobar se explica que las intervenciones a las telecomunicaciones solo serán para quienes estén siendo investigados por delitos de homicidio y todas sus formas agravadas, así como el homicidio imperfecto o tentado y la proposición y conspiración para cometer dicho delito.
Para los delitos de feminicidio en todas sus modalidades, así como los delitos graves cometidos por medios informáticos o electrónicos regulados en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Así como para quienes usen a niños, adolescentes o personas incapaces o deficientes mentales para pornografía o posesión de la misma, además de los delitos por extorsión, corrupción, agrupaciones ilícitas, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas y su forma agravada y organizaciones internacionales delictivas.
También se incluyen los delitos previstos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, los delitos previstos en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, los delitos previstos en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado en los términos establecidos en la Ley de materia.
Además de los delitos contemplados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y conexos, contenidos bajo la modalidad de crimen organizado.
La propuesta establece que en casos de urgencia y necesidad, las solicitudes de intervención de las telecomunicaciones podrán ser presentadas de forma electrónica o por la plataforma tecnológica que el Centro de Escuchas habilite para el caso.
El plazo que tendrá el juez de garantía para resolver sobre la autorización de la intervención de las telecomunicaciones es de 4 horas como máximo. En el curso de la investigación, podrá solicitarse la ampliación de la intervención de forma conjunta o separada hacia otras personas, delitos o servicios de telecomunicación.