Por No se esfuercen en buscar esa expresión en la Real Academia Española, mejor se las explico: “hacer la cabuda” es un ejercicio económico colaborativo, mediante el cual personas con una solvencia económica dudosa pero que poseen unidad de propósito, se reúnen de forma casual para hacer aportes monetarios tendientes a la adquisición de un bien o servicio. Impuestos incluidos, claro.
“Hacer la cabuda” es una actividad flexible, tan pronto es utilizada para comprar una Regia chola, una pizza un sábado por la noche o para comprarle el regalo del Día del Padre al profe de Mate. Notará el atento lector, que sus aplicaciones son prácticamente infinitas; de ahí que nace la idea: ¿Y si hacemos la cabuda para la política? A ver, me explico.
El dinero, como bien escaso que es, tiende a ser poseído por pocos, mientras que los muchos, a lo más a lo que aspiramos es a que Doña Mary nos fíe las tortillas para liquidar la cuenta a fin de mes. Dentro de esa situación de acabación colectiva, surge la pregunta: ¿Cómo podemos incidir nosotros, esos que salimos como personajes de reparto en una película de Pedro Infante, en los procesos políticos?
Era de todos conocido que los empresarios “invertían” sendos recursos económicos, entregando aportes importantes a los partidos políticos -a todos, por aquello de jugar al póker electoral, uno nunca sabe…- de tal forma que, mediante esas jugosas donaciones, estos pudiesen contar con los fondos suficientes para financiar sus millonarias campañas.
Es un secreto a voces que ahora el gran capital tiene miedo de colaborar con los partidos tradicionales. Ellos saben que, financiarlos, sería la forma perfecta para generarse enemigos políticos en las altas esferas gubernamentales, lo cual pondría en peligro sus sacrosantos feudos personales que tanta labor y sudor ha costado construir. Todo duró hasta que duró… porque ahora ya ni para pagar la luz de la sede les alcanza a los políticos y es que, como se dice comúnmente: no hay nada tan cobarde como un millón de dólares.
Pero la debacle económica de los partidos tradicionales es un hecho que, si lo vemos de forma objetiva, abre la oportunidad para que nosotros, los ciudadanos de a pie, podamos incidir en los procesos políticos a efecto de que ya no sea solo el gran capital el que tenga el sartén por el mango, al viejo estilo de “quien paga el mariachi, escoge la canción”.
Ante tal sequía económica, Nuevas Ideas irá a la contienda electoral armado con un tanque mientras que todos los demás se limitan a tirarles piedras. ¿Chivo no? (no me refiero a los cajeros, sino a la expresión tan salvadoreña sinónimo de ¡qué bien! ¡qué bueno! ¡qué agradable!). No obstante les conviene a ellos, esa rotunda ventaja es profundamente antidemocrática ya que el resto de las opciones políticas opuestas a la “oficial”, competirán en una clara desventaja económica que naturalmente derivará en una abismal desventaja política.
Pero bien visto, el colapso económico de los partidos tradicionales podría ser utilizado para profundizar el proceso democrático en el país. Un verdadero estadista se daría cuenta que “democratizar el financiamiento de los partidos políticos”, si bien es cierto sería un cambio que no necesariamente le convendría hoy a Nuevas Ideas, definitivamente colaboraría enormemente al proceso democrático nacional.
¿Cómo lograr eso? Por medio de una ley que obligue a todos los salvadoreños a contribuir al proceso electoral, prohibiendo de paso, aportes individuales superiores a quinientos dólares anuales. Lo cual dejaría atrás la época en que fulanito o menganito, contando con una robusta chequera, pretendiera que un partido político se convirtiera en la mera sucursal de su empresa.
De esa forma todos podríamos contribuir mediante un impuesto de, por ejemplo, un dólar mensual por contribuyente, recolectado por medio de la factura al uso de líneas telefónicas celulares (hay más de nueve millones en el país), eso brindaría -por simple matemática- nueve millones de dólares mensuales o $108 millones al año.
¿Cómo repartirlo? Dependiendo de la cantidad de ciudadanos inscritos en un partido. De esa forma, si el ciudadano quiere incidir en política no tendría que hacer más que inscribirse en el partido de su preferencia o que represente la ideología quisiera respaldar. La recaudación fiscal se dividiría y asignaría entre la cantidad de ciudadanos que pertenecen a esa corriente política.
Ya inscritos en un partido y con fondos asignados fiscalmente, ¿cómo incidirán los ciudadanos en la elección de los candidatos? Participando en las primarias del partido en el que precisamente están inscritos. Los candidatos deben primero convencer a su base, evitando de esa forma que los nombren a “dedazo”. El poder político finalmente regresaría al pueblo y a los electores, escapando del control de los económicamente poderosos y del Estado ¿Simple no?
¿Estoy soñando? Quizás… lo bueno es que lo hago ad-honorem.
Abogado, Master en leyes/@MaxMojica