El actual gobierno va encajando pieza por pieza un entramado jurídico que, a la vista de la oposición política y de abogados, tiene un solo objetivo: profundizar el control del Ejecutivo en todas las esferas del Estado.
Una de esas partes del tablero de ajedrez son las propuestas de reformas a las telecomunicaciones y las escuchas telefónicas.
Los diputados de oposición y abogados aseguran que con ellas se pone en riesgo la información personal de los ciudadanos, se viola la Constitución y convenios internacionales firmados por El Salvador para proteger la intimidad y el honor. Y, además, dejan la vía libre para que haya “persecución política” a las voces críticas del gobierno, aseguran los diputados opositores y abogados.
Según diputadas del FMLN y de VAMOS, el gobierno debería priorizar la protección de los datos personales para tener un contrapeso fuerte ante posibles arbitrariedades que se originen con las modificaciones a la Ley de Escuchas y la creación de “jueces de garantías” que el Ejecutivo ha pedido a sus diputados avalar.
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De acuerdo con la enmienda planteada a la Ley Orgánica Judicial, los “jueces de garantías” son funcionarios que estarán disponibles de forma permanente en el Centro de Escuchas Telefónicas, con el fin de autorizar de manera exprés las solicitudes de intervención telefónica que pida el Fiscal General o, en su caso, el director del Centro de Escuchas, que es otra de las reformas mocionadas por el Ejecutivo.
“Aunque algunos digan que es necesario para combatir el crimen, que no es así, o digan que el que nada debe nada teme, lo cierto es que no se le pueden dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS
Es el caso que el presidente Nayib Bukele vetó en mayo de 2021 la Ley de Protección de Datos Personales que había sido aprobada por la anterior legislatura el 28 de abril de ese año.
Esa normativa pretendía proteger la información de las personas naturales o jurídicas de carácter privado o público; sin embargo, el mandatario lo vetó por considerarlo inconveniente.
Señaló como motivos de su veto la falta de armonía con el marco legal salvadoreño e inadecuado diseño de mecanismos jurisdiccionales para la protección de los datos personales, así como la falta de idoneidad y experticia técnica en la conformación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos y ausencia de planificación presupuestaria para la implementación de la ley.
En ese entonces, Bukele también vetó la Ley de Creación de la Autoridad Nacional Digital por razones de “inconstitucionalidad”. Según dijo, vulneraba el equilibrio presupuestario al carecer de una fuente de financiamiento.
Desde entonces, el tema de la protección de los datos personales ha sido cuesta arriba en la Asamblea.
“Sabemos que por un veto presidencial en la legislatura anterior, no tenemos una ley vigente de protección de datos en el país y puede atentarse directamente contra los derechos de la población al no tener establecidos límites o candados que eviten que se pueda dar cualquier abuso o que se traspase la línea de lo que sí estaría habilitado en torno a lo que se justifica para combatir el crimen, que pueda traspasarse eso y violentarse el derecho a la intimidad que tiene la población”, argumentó la diputada Anabel Belloso, del FMLN.