Los diputados de la oposición Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, y Claudia Ortiz, de VAMOS, han salido al paso de las reformas al Código Penal que la bancada oficialista planea aprobar este 26 de octubre de 2022, que consiste en imponer penas de prisión desde 1 hasta 10 años para cualquier persona natural o jurídica que tire basura a la calle o en sitios no autorizados.
Ambos parlamentarios cuestionaron que hay otras formas de enfrentar la problemática de la basura, que en realidad es una situación compleja que requiere un abordaje integral, pero señalan que no se puede hacer a través de medidas coercitivas desproporcionales.
“Dentro de las alternativas que tiene el Estado para ejercer su poder coercitivo que tiene sobre las personas para que cumplan la ley, la privación de libertad, la cárcel, es la última instancia, pareciera que con esta reforma, que para mí es desproporcional e irracional se opta por castigar con cárcel este nuevo delito, no lo apoyaré me parece que es cortoplacista, me parece que es populismo judicial, y me parece que la comisión de Medio Ambiente no está abordando de forma integral, yendo a la raíz del problema”, afirmó Wright.
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Señaló que se podrían abordar otros aspectos como ir reduciendo el uso de plásticos de un solo uso y evaluar la situación real de las alcaldías, que no cuentan con fondos para enfrentar el problema del aseo público, a raíz de que el gobierno les recortó el FODES.
“Todos estamos de acuerdo que hay un problema en cuanto a la basura, pero esta propuesta es inviable y francamente ridícula”, apuntó Wright.
Y es que la reforma acordada en la Comisión de Medio Ambiente este 25 de octubre no fue la moción original que presentó el diputado Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas, el pasado 30 de agosto, sino totalmente distinto, a pesar de que fue él mismo quién se negaba a aceptar la sugerencia de la Fiscalía de elevar esa acción a delito para aplicar cárcel a quienes botaran basura a la calle.
La iniciativa original era una adenda al Art. 397 del Código Penal, pero para castigar con multa o servicio de utilidad pública el lanzar desechos a la calle, en las carreteras, a orillas de los ríos o playas y en lugares públicos no autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, el acuerdo de la comisión legislativa fue reformar los Arts. 255, 256 y 257 del Código Penal. En el 255 se explica que el que arrojare o abandonare más de dos libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares no autorizados poniendo en peligro directa o indirectamente el medio ambiente o quien a través de tal conducta altere el normal funcionamiento de acueductos y alcantarillados poniendo en peligro la salud o la vida de las personas, será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión”. Esta penalidad puede ser excarcelable y el juez sustituirla por servicio comunitario.
Wright también abonó que la reforma podría tener duplicidad con lo que ya hacen las alcaldías con sus ordenanzas municipales.
“Podría darse un esquema de doble sanción y que no haya seguridad jurídica en cuanto a quien es la autoridad competente, si el gobierno central aplica la ley pero también las municipalidades podría haber una contradicción, es parte de lo que se da cuando se legisla de manera apresurada y con afán populista”, lamentó.
Por su parte, la diputada Ortiz manifestó del riesgo que se tiene al usar la legislación penal de manera desproporcionada.
“Tirarle la responsabilidad a la ciudadanía nos parece que puede ser desproporcionado, cuando vemos que por atropellar a un gatito la persona se va detenida, ante esos antecedentes nos preocupa que se esté ocupando el derecho penal”, reflexionó Ortiz.
Añadió que hay denuncias de la ciudadanía que afirman que las plantas de transferencia de basura están siendo usadas como botaderos a cielo abierto
“¿Está funcionando bien ese servicio? ¿Se está apoyando a las alcaldías? se les quitó el FODES, la basura aumentó desde que se quitó el FODES, hay otros aspectos que hay que ver de forma integral”, cuestionó Ortiz.
También destacó otro aspecto importante que ocurre todos los días que hay plenaria en la Asamblea, como un ejemplo de que si se quiere solucionar el problema de la basura, se debe de comenzar desde la institución que emite las leyes, reduciendo el uso de plásticos.
“En cada plenaria tenemos 84 botellas de agua plásticas y en la tarde otras 84 botellas plásticas ¿no puede haber agua embotellada y que cada quien use su vaso plástico? es un cambio de cultura, pero no solo ir a la represión, a que la gente vaya presa”, argumentó Ortiz.
Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, dijo que en el tema del tratamiento de los desechos sólidos hay una cantidad de legislación que se refiere a ello. "Nos parece a nosotros de que lo primero que tendrían que hacer para aprobar esta reforma es derogar todo lo demás porque sino vamos a tener leyes ambiguas que están regulando lo mismos", concluyó.