Los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable este jueves a la Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y que incluye tres puntos cuestionados.
Poder exclusivo a Fiscalía
El primer aspecto destacado es que la enmienda solo faculta el director del Centro de Intervenciones y al fiscal general para solicitar la intervención de las telecomunicaciones, ampliaciones o prórrogas.
Te puede interesar: Actitud positiva y el apoyo entre mujeres para luchar contra el cáncer
"La facultad para solicitar la intervención solo lo puede hacer el fiscal, un designado que cumpla con los requisitos del director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones", dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al leer el artículo 7 de la propuesta en la comisión legislativa.
Añadió: "con esto quitamos un poco el fanstama de que cualquier fiscal de cualquier oficina de todas las que tiene fiscalía a nivel nacional la pueda solicitar".
Por su parte, el fiscal general que también invitado a esta reunión legislativa hizo algunas observaciones y sugirió que la redacción dijera: "El Fiscal General de la República y el director del Centro de Intervenciones serán las autoridades facultadas para solicitar las intervenciones de telecomunicaciones directamente o a través de un delegado designado por éstos".
Esto fue criticado por el diputado de Nuestro Tiempo, Jhonny Wrihgt Sol, quien señaló que con esto se podrían violentar derechos de los salvadoreños.
"Hay temas que impactarán directamente a la población porque se le estaría dando a la fiscalía una importante cuota de poder y responsabilidad en el tema de intevención a las telecomunicaciones de las personas y se podría estar vulnerando muchos derechos", manifestó el parlamentario.
Creación de "Juez de Garantía"
Los legisladores avalaron mediante tal reforma la creación de la figura de un juez de garantía que conocerá las solicitudes de la intervención telefónica. "esto es una de las mejores prácticas internacionales que hemos visto y la traemos aquí en la propuesta para no tener 8 tribunales, 8 jueces u 8 cabezas, sino un solo juez que se dedique únicamentemente a conocer todas las solicitudes que tenga la FGR", dijo el ministro Villatoro.
Ante esto, el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, preguntó si ese único juez de garantía que autorizará las intervenciones telefónicas no tendrá funciones jurisdiccionales más allá de las autorizaciones.
El fiscal respondió: "es contar con un juez adscrito porque ese juez va a estar velando por que se cumplan con todas las garantías constitucionales en una intervención".
Fiscalización de las intervenciones
Un punto importante es que en la propuesta de cambio al artículo 33 se establece un sistema de regulación de las intervenciones a las telecomunicaciones. "Siempre se garantiza la fiscalización, no solo para el personal adscrito sino que también siempre bajo la veeduría de la Procuraduría General de la República y sus informes confidenciales remitidos exclusivamente al señor fiscal", manifestó Villatoro a los parlamentarios.
Sobre este punto, Rodolfo Delgado, solicitó que el procurador de Derechos Humanos designe personal idoneo que cumpla con la normativa interna para ser miembro del Centro de Intervenciones para verificar anualmente que las acciones que se realicen cuenten con autorización judicial.
Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo indicó que las garantías que establece la misma ley "son bastantes ridiculas".
"En el caso de la auditorias que tendría que hacer la FGR y si se detectase algún tipo de abuso de lo que está establecido en la ley, pues es el mismo fiscal el que recibe el informe final, información que también es de carácter reservado", señaló Jhonny Wright Sol.
Límites para trascender intimidad de las personas
La propuesta propone que al tener autorización de la víctima para realizar la escucha telefónica no sea considerada una intervención.
Ante esto, el diputado de ARENA, Rodrigo Avila, dijo que esto deber ser tratado con sumo cuidado porque cuando a una persona se le interviene el teléfono automáticamente se le interviene a sus familiares, amigos y demás que se comuniquen con esta.
En ese sentido, el legislador sugirió considerar límites a la posibilidad de trascender a la intimidad de la persona debido a que ahora no solo se intervienen las llamadas, sino correos y todo tipo de mensajes.
Obligados a cooperar con la investigación
El artículo 43 de la enmienda establece una obligatoriedad de toda persona natural o jurídica de cooperar con la investigación del delito a requerimiento de la fiscalía "por lo que deberán poner a disposición toda su tecnología vinculada a las comunicaciones para tal fin".
Se prevé que la propuesta sea conocida y votada en la sesión plenaria del próximo martes.