Por Otras disposiciones importantes del Acuerdo de París se relacionan con un ciclo de revisión cada 5 años, comenzando en 2023, para evaluar su puesta en marcha y adoptar objetivos más osados; aumentar la capacidad de adaptación de los países y reducir su vulnerabilidad; sentar las bases para la transformación de modelos de desarrollo bajos en emisiones, con una movilización anual de 100 mil millones de dólares, a partir de 2020, provenientes de distintas fuentes, con una revisión al alza antes de 2025; y un sistema de presentación de información transparente para todos los países.
Bueno, ¿y cómo estamos con el objetivo de 1.5° C de aumento de la temperatura que establece el Acuerdo de París? De acuerdo con Climate Analytics, para fines de 2020 la temperatura había subido 1.2°C en relación con la época preindustrial y de esta forma hay buena probabilidad de que el aumento de 1.5°C se alcance para el año 2035, pero señala que todavía se puede lograr el objetivo de 1.5° de calentamiento para el fin del siglo con una rigurosa reducción de emisiones durante esta década, es decir, en los 8 años que quedan hasta 2030.
Las Naciones Unidas han adoptado otros tratados muy importantes como la Convención de 1994 de Lucha contra la Desertificación y el Convenio de 1992 sobre la Diversidad Biológica. Los siete países de Centroamérica son partes de estos tratados. La Convención sobre Biodiversidad cuenta con el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y con el Protocolo de Nagoya sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son partes del Protocolo de Cartagena, pero solo Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son partes del Protocolo de Nagoya.
Otros acuerdos que hay que mencionar porque se relacionan con la emisión de gases que desgastan la capa de ozono en la atmósfera, son la Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985, y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) de 1987. La capa de ozono, que envuelve la tierra, se encuentra a una altitud de entre 19 y 30 kilómetros y filtra la radiación ultravioleta proveniente del sol; sin la capa de ozono no habría vida en este planeta. Entre los gases que destruyen la capa de ozono se encuentran los clorofluorocarbonos CFC que contienen cloro, flúor y carbono y los HCFC que tienen hidrógeno, cloro, flúor y carbono; ambos son de origen industrial. Se trata de gases altamente tóxicos que se mantienen en la atmósfera entre 50 y 100 años y se han usado para refrigerantes y aerosoles, entre otros.
En relación con los plásticos, un importantísimo desarrollo se dio en marzo de 2022 cuando la Asamblea las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó una resolución para terminar la contaminación por plásticos y elaborar un acuerdo vinculante para 2024.
A nivel regional de América Latina y el Caribe, la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, de 2018, representa un avance significativo. Su objetivo, de acuerdo con su artículo 1°, “es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. En Centroamérica, solo Nicaragua y Panamá han ratificado este Acuerdo.
En relación con aguas transfronterizas, es importante recordar la Declaración de Lima sobre la Gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas de 2005. Contiene 24 disposiciones muy importantes, entre ellas la que dice: “Promover la participación efectiva del Estado, usuarios, comunidades nativas y sociedad civil que constituye un factor esencial de gobernabilidad del agua”.
Ex Embajador de El Salvador en Francia y Colombia, ex Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, Colombia, Tayikistán y Francia, y ex Representante adjunto en Turquía, Yibuti, Egipto y México.