La más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), refleja el descontento que tiene la población acerca de la implementación del Bitcoin, criptomoneda que entró en vigencia como divisa de curso legal en el país en septiembre de 2021.
A un año de circulación de ese criptoactivo, la encuesta de la institución señala que el 77.2% de los salvadoreños considera que esa medida no le ha beneficiado en nada, puesto que su economía continúa igual o peor que hace un año.
En este sentido, en términos de la calificación que la población le ha dado a la Ley Bitcoin, el estudio sostiene que dicha política reprueba con un 4.61 de nota, lo cual representa el rechazo general que hay entorno al activo digital.
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De acuerdo con esos resultados, el rector de la UCA, Andreu Oliva, afirma que es "la política más impopular y más criticada del gobierno de Nayib Bukele", al mismo tiempo que es la peor evaluada entre todas las medidas y políticas públicas que el mandatario ha implementado.
Con respecto a los beneficios, la encuesta refleja que so un 3% de la población ha registrado resultados positivos tras la entrada en vigencia del Bitcoin, algo que según Oliva coincide con la proporción de población que más acumula riqueza en el país.
Ante ese escenario, y el poco beneficio que han tenido la mayoría de salvadoreños, el académico cuestiona: "¿Si hay una gran oposición de la población ante el Bitcoin, por qué no se deroga la ley?", a la vez que subrayó que más allá de esa posibilidad, el gobierno lo que ha hecho es, simple, dejar de hablar del tema, por lo menos a nivel interno.
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Asimismo, el rector de la UCA cuestionó que no se sabe quién está haciendo negocios con la implementación de esa criptomoneda, por lo que también hizo énfasis en las afectaciones a la situación financiera del país, pues desde que entró en vigencia la calificación crediticia empeoró, así como las opciones de acceder a financiamiento se volvieron más caras en los mercados internacionales.
Dentro de esas afectaciones, también destaca la pérdidas de fondos públicos a partir de la compra de bitcoins, algo que también ha sido rechazado por los salvadoreños. Según la encuesta, el 64.4% de los salvadoreños se oponen al gasto de dinero público entorno al impulso de esa criptomoneda.