Las capturas del general José Guillermo García, exministro de la Defensa Nacional, y el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda, fueron confirmadas por los representantes de las asociaciones querellantes en el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses, cometido el 17 de marzo de 1982.
El viernes 14 de octubre el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, ordenó la captura de cinco jefes militares por su participación en la emboscada y asesinato de los corresponsales extranjeros.
La jueza giró orden de captura para Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4a Brigada de Infantería; Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda; José Guillermo García, exministro de la Defensa Nacional; Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y Mario Canizález Espinoza, sargento del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal.
De los cinco acusados dos ya fallecieron: Flores Lima y Canizález Espinoza.
Para el caso de Mario Adalberto Reyes Mena, quien es señalado como el autor intelectual de la emboscada y asesinato de los cuatro periodistas, los abogados querellantes han solicitado al juzgado que realice la petición de extradición desde Estados Unidos, donde vive actualmente el coronel retirado.
El proceso judicial inició el 13 de marzo de 2018 cuando representantes la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) y la Fundación Comunicándonos presentaron la acusación penal por el asesinato de los periodistas.
Pedro Cruz, director de Asdehu, explicó que el caso será juzgado bajo el Código Penal de 1973, el cual estaba vigente en el momento que se cometieron los hechos.
“Las características de este proceso penal son muy diferentes a las que estamos acostumbrados ahora”, expresó.
Cruz aclaró que durante esa época era el juez o la jueza el que dirigía totalmente la investigación.
Cruz expuso que con la captura de los imputados ya cerró la primera fase de investigación y ahora viene el proceso de judicialización concreta del crimen a los imputados, en donde bajo el control de la jueza se determinará la evidencia a favor y en contra de las personas procesadas.
Además, los imputados serán procesados por el delito de asesinato, el cual según el Código de 1973, la pena máxima era la pena de muerte.
Sin embargo, debido a entrada en vigencia de la Constitución de la República de 1983, la pena máxima en este caso será sustituida por la pena máxima vigente que castiga el delito de homicidio, en el Código Procesal Penal, explicó.
Lea más: "Verdad y justicia" exigen familiares de cuatro periodistas holandeses asesinados en El Salvador
Por su parte en representación de los familiares de las víctimas Gert Kuiper, hermano de Jan Kuper, expresó que esperan que con este proceso el caso no quede en la impunidad.
“Este acontecimiento nos ha sorprendido mucho, es algo muy inesperado. Hemos esperado 40 años para este momento, esperamos que esto sea el inicio de lo contrario a la impunidad (justicia)”, expresó vía virtual.
El caso
De acuerdo al testimonio del sargento que comandaba la sección del recién fundado Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atonal, el incidente en el que murieron los cuatro periodistas fue un enfrentamiento fortuito, sin embargo, la Comisión de la Verdad y otros testimonios que citan documentos estadounidenses desclasificados revelaron que se trató de una emboscada.
La emboscada en la que murieron Jan Kuiper, Hans ter Laag, Joop Willemsen y Koos Koster, corresponsales de Ikon, fue cometida en el sitio conocido como La Lomota, del cantón Piedras Gordas, del municipio de Santa Rita.